El Congreso intenta reforzar el control a los grupos de presión política

Entre las medidas que contiene su propuesta se encuentra la creación de un registro obligatorio de 'lobistas' para que quede constancia de sus gestiones ante los diputados.

El Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura del 27 de octubre
Agencias

El Pleno del Congreso intentará este martes dar un paso decisivo para reforzar el control a los grupos de presión política, los llamados 'lobbies' en el mundo anglosajón, a partir de una reforma reglamentaria presentada por el grupo popular.

Las medidas que contiene su propuesta no son nuevas, especialmente la creación de un registro obligatorio de 'lobistas' para que quede constancia de sus gestiones ante los diputados, y ya han sido tratadas en más de una ocasión por el Parlamento aunque nunca se han llevado a la práctica.

Hace tan solo tres semanas, el Pleno aprobó tramitar una proposición de ley integral contra la corrupción presentada por Ciudadanos que también incluía la creación de este registro.

Y en la XI legislatura, la más breve de la democracia, la Cámara Baja dio luz verde, con una abrumadora mayoría, a una iniciativa de Democràcia i Llibertat (DIL) (la antigua CiU, ahora rebautizada como PDeCAT) que instaba al Gobierno a crear el mismo registro.

Con estos precedentes, es muy posible que la proposición que este martes debate el Pleno salga también adelante con amplio consenso.

La fórmula escogida es diferente

La fórmula escogida ahora por el PP para supervisar las actuaciones de los 'lobistas' es diferente, con medidas circunscritas al ámbito parlamentario de manera que el Congreso las puede poner en marcha de forma autónoma sin intervención del Gobierno.

El grupo popular quiere obligar a los 'lobbies' a inscribirse en un registro público adscrito a la Secretaría General del Congreso de gestión exclusivamente parlamentaria y supervisada por la Presidencia de la Cámara.

El documento describe a los "grupos de interés" como "aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros".

Justifica el PP su necesidad en consonancia con la filosofía de la Ley de Transparencia.

En la exposición de motivos de la propuesta reconoce que la "interacción" de los poderes públicos con empresas, asociaciones, ONG, organizaciones comerciales, sindicatos... es "legítima y necesaria para calidad de la democracia".

Pero al mismo tiempo subraya que los españoles "tienen derecho a esperar que este proceso sea transparente y que tenga lugar dentro del estricto cumplimiento de la ley, basados en unos principios éticos claros y de obligado respeto".

Se trataría, prosigue la iniciativa, de regular el "estatuto jurídico" de los grupos de presión para que "aporte seguridad a la hora de saber quiénes deben estar sujetos a inscripción pertinente".

"Código de conducta"

También se quiere implantar un "código de conducta" para los 'lobistas' al que tendrán que someterse "con plena publicidad y transparencia" de sus actividades, así como crear un órgano supervisor del registro a cargo de la Presidencia del Congreso.

Quiere el PP que, además de inscribirse en este registro, los 'lobbies' dejen "constancia" de sus reuniones con los diputados "acompañando copia de la documentación presentada durante las mismas", un aspecto que, según fuentes del sector, causa recelos entre estos grupos por la difusión pública de sus informes y documentos.

En cuanto a las normas de conducta que deberían respetar se plantea que "no obtendrán ni tratarán de obtener información o decisiones de forma deshonesta o mediante un comportamiento adecuado", y se les obliga a guardar reserva y no dar a conocer a terceros que tienen trato con los diputados o sus asistentes.

Se prohíbe igualmente a los grupos de presión vender, comercializar ni "realizar actos con ánimo de lucro" con la documentación obtenida del Congreso ni incitar a los diputados "a infringir las normas y las reglas de comportamiento que les sean aplicables".

Incluso se establece que su acceso a las dependencias del Congreso sólo pueda hacerse "previa autorización o invitación" del parlamentario.

La vulneración de las normas de conducta comportaría la cancelación de la inscripción del grupo de interés en el registro y la prohibición de acceder al Congreso por el tiempo que establezca la Mesa de la Cámara.

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión