El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha dicho este martes que ni él ni la dirección del PP tenían "ni idea" de lo que pasaba en el partido en Valencia, cuyos concejales expedientados han logrado de la dirección autonómica un poco más de tiempo antes de decidir si entregan o no sus actas.

Sin embargo, fuentes del grupo municipal popular han reconocido su malestar con la dirección del PPCV, a la que acusan de promover un expediente de expulsión cuando desde el Comité nacional de Derechos y Garantías solo se ha abierto uno de tipo informativo.

Estas fuentes califican la situación actual de "compleja" y apuntan al deseo de la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, de "querer ser más dura" que la dirección nacional y de haber causado esta diferencia "importante" de trato.

Bonig se ha reunido ya, entre martes y miércoles, con cinco de los concejales investigados por el juez y expedientados por el partido, a quienes ha dado un plazo no concretado para que valoren si dejan el acta antes de que se ordene ejecutar lo que marcan los estatutos.

En unas reuniones celebradas finalmente en la sede del grupo parlamentario en Les Corts y rodeadas de un gran secretismo desde el partido, los concejales que han desfilado por ellas han rechazado contar a los medios qué se les había planteado, aunque una de ellas, Beatriz Simón, se ha reafirmado en lo anunciado ayer por su portavoz municipal, Alfonso Novo. "Lo dijimos ya claramente. Creemos que no hay ninguna prueba contra nosotros y vamos a seguir trabajando y haciendo oposición como hasta ahora", ha señalado Simón para limitarse a calificar su encuentro con Bonig de "conversación privada".

Este miércoles también se ha confirmado que la exconcejala del PP del Ayuntamiento de Valencia Irene Beneyto se ha dado de baja del partido.

Beneyto, expresidenta del Palau de la Música y ex edil de Cultura, formó parte del equipo de gobierno de Rita Barberá hasta la pasada legislatura y es una las personas investigadas (imputadas) en la pieza separada por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el PP de Valencia.

Desde la presidencia del partido y en una entrevista en Telecinco, Rajoy ha señalado que se ha abierto un expediente informativo para conocer los hechos y después tomar "en justicia" las decisiones que sean necesarias.

Rajoy ha negado que haya habido un enfrentamiento entre él y otros miembros de la cúpula del PP sobre la forma en que se reaccionó ante las explicaciones de Barberá y su decisión de declarar ante el juez. "Ningún enfrentamiento", ha subrayado.

Por la mañana, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha dicho que se alegra "muchísimo" del expediente abierto por su partido a Barberá y a los concejales investigados y ha asegurado que se trata de una decisión que "las bases entienden perfectamente".

Al plantearle los informadores si hay división interna en el PP ante la actuación que se debe seguir con Barberá y después de que él dijera que las explicaciones dadas el martes por la ex alcaldesa no le gustaron nada, ha subrayados que lo que él hizo fue dar una opinión que cree que fue muy clara.

Por su parte, el Comité de Derechos y Garantías del PP ha nombrado a Francisco Molinero Hoyos, diputado por Albacete, instructor del expediente informativo abierto a Barberá y a todos los implicados en la causa.

El expediente se abre, según el PP, "contra las personas físicas investigadas o llamadas a declarar en la pieza separada A de las Diligencias Previas 881/15 del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que estén afiliadas al Partido Popular".

Desde la Generalitat, su president, Ximo Puig, ha indicado que "más allá de lo que signifique el proceso judicial, existe una serie de responsabilidades políticas que tiene que asumir el PP", que ha "inducido al delito" y a hacer "doping en las elecciones".

Para su vicepresidenta y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, la responsabilidad de Barberá es "ineludible", es "cuestión de decencia", y ha considerado que su dimisión como senadora "es un clamor popular".