El Consejo de Ministros ha acordado este viernes la concesión de un crédito de 35 millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la adquisición de una finca en Doñana (Huelva), que transformará de agrícola a forestal con objeto de mejorar la situación hídrica del Parque Nacional.

Según ha informado el Gobierno en una nota, la finca "Cortijo de Los Mimbrales", ubicada en el sureste de la Corona Forestal de Doñana (Huelva), está incluida como tierra agrícola de regadío en el Plan Especial de Regadíos de esta Corona Forestal.

Con este acuerdo, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se acometerá la restauración hidrológico-forestal en la finca, de manera que se restituya la red de drenaje natural y se restaure su cubierta forestal.

El objetivo es paliar la sobreexplotación de acuíferos que abastecen de agua a este emblemático espacio natural protegido, lo que motivó la apertura de una carta de emplazamiento por parte de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Aguas y de Hábitat.

Con la adquisición de las 922 hectáreas de la finca se obtendrían 6,8 hectómetros cúbicos de derechos de agua para poner a disposición de las demandas ambientales del acuífero subterráneo y reducir así las tensiones con los regantes de la zona.

La implantación agrícola de la finca de Los Mimbrales, explica la nota, dio lugar a una profunda alteración y modificación del sistema hidrográfico en las superficies ahora agrícolas y originó una grave perturbación en la hidrología del Parque Nacional de Doñana.

Además, su explotación produce un efecto isla y ocasiona una clara desconexión -añade- entre los nuevos terrenos incorporados al espacio natural y los ya existentes.

La finca, con una superficie de 1.061 hectáreas dedicadas en su mayoría al cultivo de cítricos, fresas y arándanos, posee 15 sondeos perfectamente equipados y una amplia red de canales artificiales de drenaje, que sustituye a la red de drenaje natural.

El valor estimado de su expropiación supera los 50 millones de euros, aunque el Gobierno está analizando la posibilidad de no incluir en la misma aquellos elementos que no sean de interés para el fin perseguido, lo que haría disminuir esa cantidad, concluye la nota.