El Duque y Diego Torres declaran este martes ante la juez en Barcelona por los correos íntimos

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio en el Instituto Nóos Diego Torres declaran este martes como testigos en un juzgado de Barcelona a raíz de la demanda del yerno del Rey por presunta vulneración del derecho al honor en los correos electrónicos difundidos en diversos medios de comunicación.

Están citados a las 10.00 en el Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona, donde declararán a puerta cerrada a petición de Urdangarin, en una vista en la que se decidirá si se mantiene la medida cautelar pedida por el Duque contra Torres y ocho medios de comunicación, y que la juez acordó de forma urgente, de prohibir la difusión de los correos electrónicos.

La versión del Duque y la de su exsocio respecto a los correos permitirá al juez determinar si mantiene esta prohibición que, según la demanda que interpuso el letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, el 9 de mayo, vulneraban su derecho a la intimidad personal y familiar.

La juez también ha aceptado la petición de Urdangarin de que la vista se celebre a puerta cerrada para "facilitar el correcto desarrollo del mismo y garantizar la protección a la intimidad que se solicita", por lo que la sala estará vetada al público y a los medios de comunicación.

El Duque acusó a Torres de ser quien filtró los correos a los ocho grupos de comunicación para causarle un perjuicio: la publicación y propagación de los hechos relativos a su vida privada "no habría sido posible sin la intervención del Sr. Torres".

Según el auto de la juez María del Remei Vergés, la decisión de celebrar la vista a puerta cerrada "tiene como finalidad justamente facilitar el correcto desarrollo del mismo y garantizar la protección a la intimidad que se solicita", más cuando el objeto de la demanda es precisamente la supuesta vulneración de este derecho.

Urdangarin envió el 5 de julio una petición escrita la juez para solicitar su declaración a puerta cerrada al considerar que resultaba necesario para la "protección" de su vida privada, personal y familiar, a lo que Fiscalía no se opuso --al no considerar la causa de interés general-- y sólo lo hizo uno de los grupos de comunicación.

La plantilla de Aizoon no tenía ni un solo profesional cualificado 

Mario Sorribas, quien fuera apoderado y hombre de confianza de Urdangarin, defendió en su última declaración ante el juez Castro que, durante su gestión al frente de Aizoon -propiedad al 50 por ciento de la Infanta Cristina y de su marido-, facilitaba al Duque "todo tipo de cuestiones que a él le pudieran interesar" para que pudiera "lucirse" en los consejos de administración de empresas a las que supuestamente asesoraba, una labor que según los investigadores facturaba a través de Aizoon a fin de tributar menos en su declaración de la renta. 

Durante la declaración que prestó como imputado el pasado mes de junio, Sorribas explicó que fue nombrado apoderado de la sociedad de los Duques después de que éstos le anunciaran que se iban a marchar a Estados Unidos, por lo que "necesitaban a una persona que fuera un mandatario que pudiera ir a firmar papeles de contribuciones en el Ayuntamiento o en el banco, o cualquier cuestión de tipo menor". Todo ello para que, explicó, "estos señores no tuvieran que venir cada vez desde Estados Unidos a arreglar temas".

Al ser preguntado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sobre si entre sus funciones se encontraba la de controlar los ingresos periódicos que percibía Urdangarin de las mercantiles donde estaba como consejero asesor, Sorribas negó al respecto, si bien precisó que en algunas ocasiones el Duque le comentó que participaba en Consejos de empresas y le solicitaba informaciones acerca de los asuntos que debía abordar en sus reuniones.

"Mi trabajo era de documentalista hasta cierto punto, facilitarle a él todo tipo de cuestiones que le pudieran interesar y con las cuales él pudiera, digamos, no sé si lucirse sería la palabra, pero poder aportar algún tipo de dato en sus reuniones", abundó el encausado, recordando cómo tuvo que documentar una serie de prácticas en relación con la responsabilidad social corporativa de las empresas de comunicaciones y entregarle un informe para que Urdangarin pudiera exponer esos datos en Telefónica.

Frente a las argumentaciones ofrecidas por Sorribas, la Fiscalía sostiene que Urdangarin "interpuso" Aizoon para poder facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

Asimismo, de la inspección que fue llevada a cabo en la sociedad resulta que el yerno del Rey Don Juan Carlos percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor, como las que cobró de mercantiles como Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde; que quería "ocultar" a la hora de pagar el IRPF.

Durante la comparecencia de Sorribas, el fiscal le preguntó si, durante los meses en que desempeñó labores de consultoría y asesoría en Aizoon vio a alguien más trabajando para esta sociedad, el imputado respondió tajante: "Me temo que estaba solo, quiero decir con el señor Urdangarin, pero trabajando solo en esa posición". En cualquier caso, manifestó que había estanterías en su despacho "con documentación que yo no sé quién había producido".

Precisamente, Hacienda puso de manifiesto en un informe cómo la "teórica" plantilla de Aizoon no era "idónea" para los servicios que supuestamente prestaba, al estar integrada, entre otros, "por cuatro empleados del hogar, una estudiante, una encuestadora que dice trabajar para otra persona, dos personas que nunca nadie ha visto trabajar para la sociedad, un chico de los recados y una con primero de estudios de Enfermería haciendo 'corta y pega' de Internet".

"De acuerdo con esa composición, esa plantilla difícilmente podía prestar los servicios de asesoría a las entidades a las que facturaba y de las que el señor Urdangarin era consejero/asesor", asevera la Agencia Tributaria. Hacienda señala así que la existencia de Aizoon sólo se justifica como "pantalla" de la cual se servía Urdangarin para ocultar las retribuciones personales que percibía a raíz "de su propia actividad personal", deducirse gastos no relacionados con esta sociedad y sujetarlas a una tributación inferior.