El BOE y otros anuncios oficiales dañan la reputación digital de 40.000 españoles

Centenares de anuncios oficiales aparecen cada 24 horas en todo tipo de publicaciones municipales (de ayuntamientos), Diarios Oficiales (en el caso de los entes autonómicos) o el BOE (Boletín Oficial del Estado) y ya se han convertido en la peor pesadilla para muchos ciudadanos y empresas en situación de crisis.

En España se cierran 180 sociedades cada 24 horas y pierden su empleo una media de 2.092 personas al día, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los diarios oficiales, como el BOE, publican en Internet una media de 10.585 multas y/o sanciones cada año, dato al cual hay que añadir muchas otras tipologías de contenidos perjudiciales tales como cierres de empresas o concursos de acreedores que sumaron un total de 12.390 anuncios digitales en el 2012 y 5.830 en los 5 primeros meses del 2013.

Las publicaciones oficiales suelen ser muy reticentes a borrar estos contenidos perjudiciales de manera que se acaban convirtiendo en un estigma para la reputación on line del ciudadano que los padece afirma Francisco Canals Director de Identidad Legítima. Google indexa esta información no deseada y la publica en posiciones muy elevadas exponiéndola en el mayor escaparate del mundo ante ojos de vecinos, familiares o compañeros de trabajo.

Las consecuencias pueden ser muy graves, afirma Canals, desde la dificultad para encontrar un nuevo empleo, hasta el desprestigio ante el entorno, pasando por la falta de credibilidad ante clientes y/o proveedores. A lo cual hay que sumar la ansiedad que provoca ser víctima de un contenido perjudicial en Internet.

Algunas de estas publicaciones no borran el anuncio oficial cuando el ciudadano ha pagado la deuda, de manera que únicamente queda el rastro de la información negativa. Otros usuarios deciden iniciar un largo peregrinaje en el que cada parte transmitirá su responsabilidad al siguiente eslabón: BOE, Google España, Agencia Española de Protección de Datos, ayuntamientos, etc, … Es frecuente que Google no quiera eliminar esta información digital al argumentar que no actúan como fuente primaria del contenido perjudicial.

Canals afirma que Google persigue temporal y transnacionalmente a muchos ciudadanos que desean cambiar de país o empezar un nuevo negocio pero que, sin embargo, no tienen derecho al olvido. En algunos casos, el BOE lleva a cabo un protocolo de desindexación mediante el cual el anuncio sigue publicado pero se invisibiliza ante los ojos de Google, algo que pocas veces sucede ante la desesperación de usuarios y afectados ya que en ocasiones se argumenta que se trata de un derecho al honor y no de una cuestión administrativa.