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La Policía Local clausura dos fincas ilegales de bodas y abre expediente a otras siete

La operación, iniciada por la Inspección Tributaria, se centra en establecimientos sin licencia, la mayoría en barrios rurales de la capital aragonesa.

En el aire decenas de bodas programadas para este año en Zaragoza.
En el aire decenas de bodas programadas para este año en Zaragoza.

La Policía Local de Zaragoza ha clausurado dos fincas de bodas ubicadas en su término municipal al carecer de licencia de actividad. Además, se ha abierto expediente a otros siete establecimientos, de los que cinco están en fase de tramitación tras haberse encontrado irregularidades -por lo que el número de cierres podría aumentar en los próximos días-, y dos en fase de investigación.

El Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento investigó el posible incumplimiento de las obligaciones fiscales de estos establecimientos y puso en aviso a la Policía Local, que a través de la Unidad de Barrios Rurales ha investigado a aquellos terrenos y fincas que, sin ser restaurantes ni contar con los permisos y licencias necesarios, celebraban eventos de forma irregular, principalmente banquetes de bodas y ceremonias.

La mayoría de los negocios expedientados se ubican en barrios rurales y zonas alejadas del centro de Zaragoza, como La Cartuja Baja, Miralbueno, San Juan de Mozarrifar o Peñaflor, entre otros. Desde Urbanismo señalan que la operación sigue abierta por lo que las inspecciones a este tipo de negocios continuarán en las próximas semanas.

Según fuentes del sector hostelero consultadas por este periódico, los dos establecimientos ya clausurados tenían “escasa actividad”. Sin embargo, algunos de los que ya tienen un expediente abierto en el Servicio de Disciplina Urbanística “son de los grandes” y, de ser cerrados, “podrían dejar en la estacada solo este año a 40 parejas cada finca”.

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) recuerdan que, de llegar a cancelarse su boda, los novios no solo deben reclamar la devolución de la fianza, sino que “deberán ponerse en manos de un abogado para iniciar la vía judicial por daños y perjuicios”.

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