El Tribunal Supremo británico examina el plan gubernamental de enviar migrantes a Ruanda

El Reino Unido y Ruanda acordaron el 14 de abril de 2022 un plan a cinco años para la transferencia a Kigali de la mayoría de migrantes que lleguen por vías no autorizadas a territorio británico.

La Corte Suprema del Reino Unido en Londres, Gran Bretaña.
La Corte Suprema del Reino Unido en Londres, Gran Bretaña.
ANDY RAIN

El Tribunal Supremo británico ha empezado este lunes un proceso de tres días para examinar la legalidad del plan del Gobierno conservador de enviar a Ruanda para que se tramiten sus casos a los migrantes llegados irregularmente al Reino Unido.

Los cinco jueces de la máxima instancia judicial del país analizarán concretamente el recurso presentado por el Ejecutivo de Rishi Sunak a una sentencia en su contra emitida por el Tribunal de Apelación el pasado 29 de junio.

Esa corte dictaminó, por una mayoría de dos jueces a uno, que Ruanda "no es un tercer país seguro" para deportar a los potenciales refugiados debido a las "deficiencias" de su sistema de asilo, y señaló que la estrategia oficial será ilícita hasta que eso se corrija.

Dos de esos tres magistrados concluyeron que las insuficiencias del sistema ruandés suponen un "riesgo real" de que las solicitudes de asilo no sean procesadas adecuadamente y los candidatos sean repatriados a sus países, lo que vulneraría la obligación del Reino Unido de prevenir el riesgo de tortura bajo la Convención europea de los derechos humanos.

El Tribunal de Apelación dio la razón a varios solicitantes de asilo y entidades humanitarias, que habían recurrido un dictamen de diciembre de 2022 del Tribunal Superior que favorecía la política gubernamental.

El Reino Unido y Ruanda acordaron el 14 de abril de 2022 un plan a cinco años para la transferencia a Kigali de la mayoría de migrantes que lleguen por vías no autorizadas a territorio británico, cuyas demandas se procesarían allí sin posibilidad de regresar a este país.

A cambio, Londres ha facilitado al país africano 120 millones de libras (unos 138 millones de euros) en fondos para el desarrollo y se haría cargo de los costes de tramitación e integración de cada persona reubicada.

El primer vuelo con migrantes con destino a Ruanda fue detenido el 15 de junio de 2022 por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue muy criticada por el Ejecutivo "tory", para el que es prioridad electoral acabar con la llegada de migrantes en pequeños botes desde Francia por el canal de la Mancha.

La decisión del Supremo, que también escuchará a los representantes de algunos de los hombres incluidos en ese vuelo fallido, no se espera inmediatamente, sino que podría tardar algunas semanas.

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