Zelenski solicita formalmente el ingreso de Ucrania en la UE
La petición debe dirigirse al Consejo quien, por unanimidad, debe dar el paso de solicitar a la Comisión Europea un dictamen sobre la candidatura antes de que la decisión definitiva vuelva al seno de los Veintisiete.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este lunes un documento con el que solicita formalmente la adhesión del país a la Unión Europea, inicio de un proceso que Kiev ha pedido acelerar como respuesta a la invasión rusa, según la agencia de noticias Ukrinform.
El presidente ucraniano mantiene un contacto constante con los líderes europeos y por ello en Bruselas son conscientes de que la solicitud formal para pedir la adhesión está en "fase final de preparación" por lo que se espera que llegue de manera "inminente", según fuentes europeas.
La recepción de una petición formal activaría los procesos que establecen los Tratados europeos para examinar una candidatura, un proceso abierto, según el artículo 49 del Tratado de la UE, a todo país europeo que respete los valores fundamentales de la UE y se comprometa a promoverlos.
La petición debe dirigirse al Consejo quien, por unanimidad, debe ser quien dé el paso de solicitar a la Comisión Europea un dictamen sobre la candidatura antes de que la decisión definitiva vuelva al seno de los Veintisiete.
En todo caso, las fuentes consultadas apuntan la disposición de evaluar una eventual petición de Ucrania "muy rápidamente" en el Consejo para decidir si corresponde pedir al Ejecutivo comunitario una "opinión urgente" sobre el caso concreto.
Según las reglas de la UE, una vez que una petición de adhesión llega al Consejo de la UE, la presidencia de turno, en este caso Francia, debería informar al resto de socios y notificar la demanda también al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales. A continuación, los ministros de Asuntos Exteriores serían los encargados de evaluar el caso y decidir si pedir el dictamen de Bruselas.
En el caso de la opinión de la Comisión, es una fase que requiere habitualmente de un plazo de entre quince y dieciocho meses, pero fuentes europeas apuntan que no se trata de un plazo cerrado y puede alargarse o ser "significativamente más corto" atendiendo a consideraciones "políticas".
