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Internacional

Histórico acuerdo para una nueva Constitución en Chile

Los partidos pactan reemplazar el texto actual, heredado del régimen de Pinochet, con un proceso de amplia participación ciudadana.

Justo cuando se iba a cumplir un mes del estallido social en Chile, la dirigencia política en su conjunto sorprendió en la madrugada de ayer con un acuerdo para reemplazar la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet mediante un proceso que asegura una amplia e inédita participación popular.

Fue una victoria de las movilizaciones, un hecho inimaginable hace unos días cuando el oficialismo se resistía a discutir la polémica Carta Magna con la ciudadanía. Las protestas protagonizadas por multitudes -que aún persisten- se volvieron violentas y dejan un balance provisional de 23 muertos y miles de heridos y detenidos.

"Es una noche histórica para Chile y para la democracia", destacó el senador Jaime Quintana, presidente de la Cámara alta, al presentar los doce puntos del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Los partidos llegaron a un entendimiento de madrugada, tras dos jornadas maratonianas de negociaciones entre formaciones, algunas con posturas que parecían irreconciliables. "Es una victoria de todo el país", reconoció Quintana y agradeció "a la ciudadanía movilizada".

En Chile rige la Constitución sancionada en 1980 por el dictador, con algunas modificaciones. La reforma era uno de los reclamos callejeros. Según las encuestas más del 85% de la ciudadanía pide una reforma, pero no acepta un cambio cosmético y exige una amplia participación, que es lo que finalmente se ha aprobado. Ahora la carta de Pinochet tiene los días contados.

Los dirigentes acordaron que en abril de 2020 habrá un plebiscito para preguntar a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución y, en caso afirmativo, si prefiere una Convención Constituyente o una Mixta. La primera equivale a una asamblea ciudadana en la que los constituyentes son elegidos por la población exclusivamente para redactar el nuevo texto. En el segundo caso, la asamblea estaría integrada en un 50% por legisladores en ejercicio y la otra mitad por constituyentes electos.

El colectivo elegido tendrá nueve meses para discutir los cambios -prorrogable a doce meses-. Las propuestas se aprobarán por dos tercios de los votos y 60 días después de concluir el texto se convocará a un segundo referéndum para ratificar o no la vigencia del contrato social. Esa votación será obligatoria y se realizará en agosto de 2021. Concluido este proceso, se derogará la Constitución de Pinochet y se sustituirá por el documento acordado.

Los dirigentes políticos y sociales celebraron el acuerdo y el mercado aplaudió el pacto. El Partido Comunista, que había abandonado las negociaciones, manifestó ayer que "valoraba" el camino acordado y que participará en su implementación. El trámite restante ahora es que los doce puntos se aprueben en el Congreso por una mayoría de dos tercios, asegurada por el acuerdo previo.

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