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Internacional

La traición del FMLN

ACTUALIZADA 01/06/2019 A LAS 02:00
Salvadoran Army cadets participate in a general rehearsal for a new president's Nayib Bukele inauguration ceremony at the Gerardo Barrios Square in San Salvador, El Salvador, May 29, 2019. REUTERS/Jose Cabezas [[[REUTERS VOCENTO]]] EL SALVADOR-POLITICS/
Preparativos para la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador.
José Cabezas / Reuters

Con la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, El Salvador inicia hoy una nueva etapa de su historia después de tres décadas de gobiernos presididos por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla. ARENA y FMLN, antiguos enemigos encarnizados durante la guerra civil que duró doce años entre 1980 y 1992 y costó más de 75.000 muertos y miles de desaparecidos, han maniobrado en las últimas semanas para promover una nueva ley de amnistía que imposibilite las investigaciones que se han abierto en el país centroamericano tras la anulación de una anterior ley de amnistía por la Corte Suprema salvadoreña hace casi tres años.

Las dos fuerzas más importantes, muy desgastadas políticamente tras décadas de gobiernos corruptos e incapaces de poner fin a la violencia extrema de las pandillas, buscan cerrar el camino abierto por la Justicia en los últimos años a pesar de que el tribunal que anuló la ley de amnistía, aprobada en marzo de 1993, estableció que "los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible según el derecho internacional, por lo que no pueden oponerse medidas de orden interno, tanto legislativas como de otro carácter, que impidan la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la aplicación de una justicia independiente, y que nieguen la justicia". Además, el tribunal recordó que en los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra nunca se habló de amnistía y, en cambio, se pactaron "cláusulas tendentes a combatir la impunidad y garantizar la justicia" en las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto.

Los Acuerdos de Paz, firmados en enero de 1992, reconocieron la necesidad de esclarecer los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil y obligaron a crear una Comisión de la Verdad que debía decidir los casos que debían ser juzgados con el fin de esclarecer la verdad y establecer pautas de justicia y reparación para las víctimas. Dos semanas después de hacerse público aquel contundente informe de la Comisión de la Verdad, que provocó un terremoto político, ARENA y otros partidos de la derecha aprobaron la Ley de Amnistía General que puso fin a las investigaciones-

Casos emblemáticos, como la masacre de El Mozote, donde se produjo en 1981 una matanza perpetrada por el Ejército de casi un millar de civiles, entre ellos 553 menores de edad, el asesinato de los jesuitas, la mayoría de origen español, y el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quedaron varados legalmente hasta la anulación de la ley en 2016.

El diario digital ‘El Faro’ publicó un documento desclasificado en 2017 en el que se recogía el informe que la embajadora estadounidense envió al Departamento de Estado alertando sobre la gestación de un plan preparado por políticos de derechas y de izquierdas para aprobar una ley cuyo fin era imponer la impunidad y que afectaría a casos como El Mozote, considerada la mayor masacre ocurrida en América Latina durante todo el siglo XX.

En la última semana las fuertes críticas de Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han obligado a decenas de diputados de la derecha a plantearse si era lícito aprobar una ley contrarreloj antes de la llegada del nuevo presidente. En cambio, el FMLN se ha mantenido como bloque hermético a favor de la ley de amnistía, un comportamiento que familiares de víctimas han definido como un acto de traición.

En cualquier país de América Latina se ha avanzado más en la lucha contra la impunidad que en El Salvador. En Colombia, la Ley de Justicia y Paz ha permitido exhumar a miles de desaparecidos. En Guatemala, bajo una presión inquietante de los mismos militares que masacraron a comunidades enteras de indígenas, los equipos de antropología forense han abierto centenares de fosas. En Argentina, las juntas militares fueron juzgadas en los años ochenta. Incluso en Chile, un país pusilánime en la persecución de crímenes imprescriptibles, se ha avanzado algo más en los últimos años.

En El Salvador, gobernado durante los últimos diez años por una de las guerrillas más izquierdistas y monolíticas de todo el continente, se intenta cerrar la puerta a la verdad, memoria, justicia y reparación. Y, sorprendentemente, es el FMLN, el partido más izquierdista, el que más lucha por pisotear la memoria de las víctimas. Un comportamiento deleznable que difícilmente olvidarán los familiares.

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