Bruselas debate iniciar el proceso para suspender el voto a Polonia por su deriva antidemocrática
Si eso sucediera, se activaría el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea por la amenaza al Estado de derecho polaco.
El Colegio de Comisarios debatirá este miércoles si finalmente da el paso para activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea por la amenaza del Estado de derecho en Polonia, un proceso sancionador que en última instancia podría llevar a suspender el derecho a voto de Varsovia en la toma de decisiones a Veintiocho.
El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans, hará balance de la situación ante el resto de comisarios y propondrá los pasos a seguir.
Aunque desde Bruselas insisten en que la decisión no está tomada, el comisario alemán, Gunther Oëttinger, insinuó hace días que este miércoles se dará el paso y el propio primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo en los márgenes de una cumbre con sus socios europeos la semana pasada que "lo más probable" es que Bruselas active el artículo 7 este miércoles.
La Comisión, que ha querido agotar la vía diplomática para no recurrir al "botón nuclear" del artículo 7, ha intentado sin éxito establecer un diálogo estructurado para abordar las preocupaciones sobre el Estado de derecho, un paso previo necesario antes de explorar el artículo 7. Sin embargo, Varsovia rechaza de plano abrir a debate europeo sus reformas más controvertidas.
En la Unión Europea preocupa especialmente la reforma judicial con la que el Gobierno polaco gana el control sobre el Poder Judicial y podría poner en grave riesgo el Estado de derecho en el país, según los distintos avisos enviados desde Bruselas a Varsovia.
Bruselas, que ha intentado agotar la vía diplomática para no recurrir al "botón nuclear" del artículo 7, ha intentado sin éxito establecer un diálogo estructurado para abordar las preocupaciones sobre el Estado de derecho, un paso previo necesario antes de explorar el artículo 7.
Artículo 7
El artículo 7 de la Unión Europea establece un proceso en dos etapas para actuar ante las violaciones de las libertades fundamentales en un Estado miembro.
El Consejo, a instancias de la Comisión, del Parlamento Europeo o de un tercio de los propios países de la UE, puede iniciar la primera fase para examinar si existe un "riesgo claro de violación grave" del Estado de derecho, para lo que sería necesario el visto bueno de cuatro quintas partes de los 28.
Este es el paso que el Ejecutivo comunitario sopesa, pero que estudia con cautela porque quiere asegurar que cuenta con el respaldo necesario en el Consejo, para evitar que la falta de apoyos desactivase de inmediato la reacción.
Líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, han dicho que respaldarán a la Comisión en la decisión que tome y el pleno del Parlamento Europeo ha instado a la activación del proceso.
El siguiente paso, que ya exigiría la unanimidad del Consejo, supondría constatar que existe una "violación grave y persistente" en el país investigado.
A partir de esa señal, los Veintiocho podrían, por mayoría cualificada, suspender determinados derechos del Estado miembro, incluido su derecho a voto en la UE.
