El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decidió este miércoles mediante decreto, y sin esperar respuesta del Tribunal Constitucional, la convocatoria de una consulta popular con la que pretende anular la reelección indefinida y decidir sobre otros asuntos de interés nacional.

La consulta, que según los plazos legales definidos debe celebrarse a finales de enero o principios de febrero, estaba pendiente de que el Tribunal Constitucional le diera su visto bueno, pero el Gobierno ecuatoriano ha considerado que ha vencido el plazo para que ese órgano se pronunciara.

En un rueda de prensa en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), la asesora jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, aseguró que la ley establece un plazo de veinte días para que el Tribunal ejerza su derecho de protección de las garantías constitucionales, pero que ese plazo se ha vencido hace ya tiempo.

Legalmente, añadió, el Gobierno debe entender que, por "omisión", el tribunal ha emitido un "dictamen favorable" si a los veinte días de la presentación de la petición no se ha pronunciado.

Y para eludir cualquier tipo de crítica por un presunto "decretazo", recordó el caso en 2011 del cantón de La Concordia (en la provincia de Santo Domingo), donde se celebró una consulta por la misma vía y procedimiento y bajo los mismos argumentos.

La vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, quien también compareció en la conferencia de prensa, valoró que la iniciativa es "una respuesta responsable del presidente en relación a una exigencia ciudadana, que a lo largo y ancho del país ha exhortado a que la Corte Constitucional se pronuncie con una celeridad que lamentablemente no ha sido cumplida".

En 2011 el presidente de Ecuador era Rafael Correa,  hoy acérrimo rival de Moreno y quien apenas dos horas antes de conocerse la convocatoria calificaba de "golpe de estado" su intención de llevar adelante esa consulta y anular, entre otras, la reelección indefinida.

A juicio de Correa, que compareció en Quito en un encuentro con periodistas ecuatorianos, la consulta está destinada a buscar "legitimidad política y capital político" y cree que Moreno está "aniquilando el país en el mediano plazo como (ocurrió) hace 20 años".

Consideró que la consulta contraviene la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y opinó que todo es una maniobra de su sucesor -y oficialmente aún correligionario- para que él no regrese al ejercicio político.

Correa llegó el sábado a Ecuador para reunirse con las bases del partido y participar el domingo en una disputada convención nacional del movimiento Alianza País, ante la grave crisis que divide a partidarios de Correa y de Moreno.

El actual presidente ecuatoriano, que en las últimas dos semanas había insistido ante el Constitucional para que diera luz verde a la consulta, señaló este martes en su cuenta de Twitter que le ampara "el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional".

"He enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular", adelantó Moreno antes de que Pesántez entregara a mediodía los documentos al secretario del CNE, Fausto Holguín, quien diligentemente le colocó ante las cámaras los sellos pertinentes..

El CNE tiene de plazo 15 días para poner fecha a la consulta, que deberá celebrarse no más allá de los 60 días a partir de los decretos enviados el miércoles.

Según estos plazos, debería celebrarse a finales de enero o principios de febrero.

En la consulta, el Gobierno también preguntará a los ciudadanos sobre cuestiones medioambientales, acerca de la no prescripción de delitos sexuales contra menores y sobre la anulación o enmienda de varias leyes aprobadas por el anterior Ejecutivo, alguna también mediante plebiscito y que fueron emblema del gobierno de Correa.

Entre ellas está la Ley de Plusvalía -para frenar la especulación- o la de reorganización del polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) creado por Correa.