¿Y si el conflicto entre FBI y Apple ocurriera aquí?

La legislación española solo permite acceder a la información de un móvil con la orden de un juez. Si la empresa no demuestra que no puede cumplir la orden y se niega, podría ser acusada de obstrucción.

Una mujer mira la pantalla de su móvil frente a un logo de Apple
El gasto de los usuarios de Apple en aplicaciones alcanza la cifra récord de 1.023 millones
Reuters

Un iPhone ha puesto patas arriba el debate público en Estados Unidos. La petición del FBI, respaldada por un juez, para que Apple permita el acceso al contenido de un terminal de un terrorista abatido en los ataques de San Bernardino ha desembocado en un enconado pulso en el que se intenta dirimir los límites de la privacidad y la seguridad. La multinacional de Cupertino se niega e incluso ha recibido el apoyo de algunos de sus rivales más acérrimos: Amazon, Google o Microsoft se han puesto de su parte.


"A mí me sorprende que esto esté ocurriendo en EE. UU., donde se da prevalencia a la seguridad frente a la protección de la información personal", asegura el letrado Joaquín Muñoz, del bufete Abalex, especializado en nuevas tecnologías. "Sea como fuere, está siendo una maniobra de marketing perfecta para Apple, que ahora se presenta como adalid en esta materia", reconoce el abogado, cuyo despacho llevó el caso de Mario Costeja contra Google, que se resolvió con la sentencia de la justicia comunitaria a favor del 'derecho al olvido'.


Muñoz explica que en este debate hay dos visiones diferenciadas: por un lado, están los que entienden que el FBI "ha pedido que Apple acceda a esa información porque no hay otra manera" y, por otra, "los que entienden que la agencia nacional ha reclamado que abran una puerta trasera en su sistema" a la que ellos puedan recurrir.


"En el primer caso, en España, sí se podría dar", asegura. "Tendría que haber una justificación y un auto argumentado por parte de un juez. La Policía no podría hacerlo directamente", sostiene. En la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se incluye cómo se debe actuar en caso de que se hayan incautado equipos como ordenadores o teléfonos móviles. Así, esta norma habla de la "colaboración necesaria de terceros" para acceder a esa información "siempre que deriva en una carga excesiva" para la empresa o para el afectado en cuestión.


"Lo que está en juego es la proporcionalidad. Aquí estamos ante un caso de terrorismo internacional, pero en un caso de injurias o de venta de drogas no creo que tenga demasiado sentido", analiza. Casualmente, la pasada semana un magistrado de Nueva York negó el acceso al terminal de un traficante de drogas investigado. "Apple se va a agarrar a ese precedente pero no tiene sentido", insiste.


El otro argumento que puede esgrimir la empresa para negarse es que la petición supone una inversión de recursos o económica enorme. "Una eventual 'Apple española' también se escudaría en este principio", augura el abogado.


"Una plataforma que permita entrar de forma sistemática en los dispositivos podría vulnerar el secreto a las comunicaciones y la protección de datos", aseguran fuentes de la Agencia de Protección de Datos Española (AGPD). Según este organismo, en nuestro país, esta cesión de información solo podría darse por dos vías para ajustarse a la legalidad: bien porque el usuario lo permita o bien porque lo ordene un juez.


"Si lo que se pretende es que se abra una puerta trasera que permita acceder a los terminales con o sin orden judicial, sería imposible en España", aclaran desde la AGPD. "Sería necesaria una orden para cada caso", agregan.


"Otra cosa diferente es si la empresa se negase a colaborar", aclara Joaquín Muñoz, que recuerda que la protección de datos "solo se aplica a las personas vivas", por lo que no serviría de argumento, puesto que el terrorista fue abatido. "Si la petición del juez está razonada, la compañía podría llegar a ser acusada de desobediencia", explica. Recientemente, un ejecutivo de Facebook fue detenido en Brasil por este motivo. La compañía se había negado a ceder información en un caso de tráfico de drogas y la justicia ordenó la detención de Diego Dzodan, que salió apenas 24 horas después de la cárcel.


El pasado mes de diciembre el magistrado encargado del caso ordenó bloquear la plataforma en el país durante dos días, aunque el veto se levantó antes de que pasase un día. Este enfrentamiento parece lejos de resolverse, pero ha echado más leña a este debate entre privacidad y seguridad. "Sea como fuere, ningún derecho es absoluto", concluye Muñoz.

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