La Comisión Europea (CE) propuso el miércoles una batería de medidas para hacer frente a la llegada a la Unión Europea (UE) de 500.000 demandantes de asilo desde principios de año, que incluye el reparto obligatorio entre países de 120.000 refugiados que se encuentran en Hungría, Grecia e Italia.

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, presentó las propuestas en su primer discurso sobre el "estado de la Unión" ante el pleno del Parlamento Europeo (PE) y pidió "solidaridad" y "valentía" a una Europa que ha sufrido en primera persona guerras y persecuciones religiosas o políticas en el pasado.

Medidas planteadas el miércoles por la CE

- Un sistema temporal y obligatorio de emergencia para la reubicación entre Estados miembros de 120.000 personas llegadas a Hungría, Grecia e Italia, que se suman a las 40.000 que propuso en mayo, por lo que en total se trata de redistribuir a 160.000 en dos años.

De esas 120.000 personas, 54.000 procederán de los campos de refugiados de Hungría, 50.400 de Grecia y 15.600 de Italia.

Los países a los que Bruselas pide un mayor esfuerzo de recepción son Alemania (31.443, un 26,2 %), Francia (24.031, un 20 %) y España (14.931, un 12,4 %).

Quedan fuera de este reparto seis de los veintiocho Estados miembros: los tres a los que se dirige la medida (Hungría, Grecia e Italia) y los tres que gozan de exenciones en materia de Justicia e Interior (el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda).

El reparto se basa en cuatro criterios (la población, el PIB, el nivel de desempleo y el esfuerzo previo de acogida de cada país) con un peso en el cómputo de 40-40-10-10 por ciento.

Por cada persona reubicada el Estado miembro recibirá 6.000 euros, lo que eleva el coste de la medida a 780 millones de euros, incluidos el gasto del traslado de los refugiados.

- Un sistema permanente y obligatorio para el reparto de refugiados que la CE podrá activar si considera que un socio comunitario soporta una presión extrema, para lo que tendrá en cuenta el número de solicitudes de asilo recibidas por el país y la cifra de personas que hayan cruzado sus fronteras de forma irregular en los últimos seis meses.

- Exención limitada. Los Estados miembros podrán quedar excluidos durante un año de ambos sistemas de reparto por causas justificadas que tendrá que evaluar la CE (como un desastre natural) y a cambio de una contribución al presupuesto comunitario equivalente al 0,002 por ciento de su PIB (menos si la exención es parcial, por ejemplo, durante solo unos meses).

- Una lista común de Estados de origen seguro, a los que en principio no corresponde la concesión de asilo porque sus ciudadanos no corren peligro, que incluye a los países candidatos a la adhesión al club comunitario -Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía- así como a Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

Esta medida está dirigida a agilizar la tramitación de las demandas de asilo y acortar el procedimiento de seis meses a cinco días, al facilitar la distinción entre personas que proceden de zonas en conflicto, como Siria, y aquellas que presentan solicitudes pese a provenir de países considerados seguros.

Bruselas ha recalcado, no obstante, que estudiará caso por caso y que esta lista en ningún caso priva del acceso a la protección internacional.

- Un fondo fiduciario de emergencia de 1.800 millones de euros para el Sahel, la cuenca del lago Chad, el Cuerno de África y el norte de África para afrontar las causas de la desestabilización, los desplazamientos forzados y la inmigración ilegal.

España ya ha confirmado su participación, según la Comisión.

- Un plan de acción para hacer más efectiva la llamada "política de retorno", es decir, la devolución a sus países de origen de los inmigrantes irregulares que no cumplen los requisitos para recibir el estatus de refugiado.

- Directrices para los Estados miembros en materia de apoyo financiero a los refugiados, a fin de garantizar que cubren de manera "adecuada y rápida" las necesidades más inmediatas de éstos, como alojamiento y comida.

- Actuar desde una dimensión exterior para contribuir a restituir la estabilidad en zonas en conflicto como Siria y Libia, así como estrechar la colaboración con los países de origen y tránsito.

Los veintiocho Estados comunitarios tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre todas estas propuestas en su reunión extraordinaria de ministros del Interior, el 14 de septiembre en Bruselas.