Un centenar de controladores comenzarán a declarar hoy ante la Fiscalía de Madrid

Un centenar de controladores aéreos comenzará a declarar a partir de hoy ante la Fiscalía de Madrid, situada en la Audiencia Provincial de Madrid, por un delito de sedición con motivo del abandono de sus puestos de trabajo el pasado viernes, alegando la falta de adecuación de sus condiciones psico-físicas para el desempeño del cargo, según confirmaron fuentes jurídicas.

El Ministerio Público acordó el pasado sábadocitar a declarar a todos aquéllos controladores que abandonaron sus puestos de trabajo para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

La citación se enmarca en las diligencias de investigación número 322/10 incoadas este viernes como consecuencia de los hechos ocurridos en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Torrejón de Ardoz a raíz del abandono de sus funciones por parte de los controladores aéreos.

El Ministerio Público argumenta su posición en la finalidad de averiguar "las causas de dicho abandono, dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

A la vista del resultado de las diligencias que se han acordado, la Fiscalía de Madrid ha adelantado que adoptará las medidas que estime procedentes con el rigor y la proporcionalidad adecuados a las conductas desplegadas y al gran número de ciudadanos perjudicados en sus derechos.

Delito de "sedición"

Una vez decretado el Estado de Alarma, los controladores pasan a ser movilizados, por lo que podrían haber incurrido en un delito de "sedición" previsto en el Código Penal Militar.

Este delito viene recogido en el artículo 91 del citado Código en el que se establece "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o suboficiales".

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, preside hoy en Zaragoza la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, cuya función es asegurar la unidad y coordinación de la actuación y funcionamiento de las Fiscalías en todo el territorio del Estado.

La Junta se ha reunido hasta ahora en la Fiscalía General del Estado y la de hoy es la primera que se celebra fuera Madrid.

Coordinación desde Zaragoza

A la reunión, que tendrá lugar en la Fiscalía Superior de Aragón, asistirán también el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal de Sala Jefe de la Inspección Fiscal, la fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, el fiscal de Sala Jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y los diecisiete Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.

Aunque la reunión ya estaba convocada anteriormente, se ha incluido un nuevo punto en el orden del día para estudiar la posición jurídica que adoptarán los fiscales después de que varias Fiscalías hayan anunciado ya la apertura de diligencias penales contra los controladores aéreos y estudiará la posible responsabilidad de quienes abandonaron su puesto de trabajo.

La reunión de la Junta de Fiscales Superiores va a coincidir con las primeras declaraciones de los controladores ante el Ministerio Público. Hay incoadas diligencias penales por este motivo en las Fiscalías de Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares, Canarias y Asturias.

Además, la Junta de Fiscales analizará diversos aspectos concretos de al reforma del Código Penal que entrará en vigor el 23 de diciembre, así como el Real Decreto por el que se amplía para 2011 la plantilla del Ministerio Fiscal.