La propuesta de incremento de la tarifa eléctrica en una media del 11,3% a partir del 1 de julio, formulada por la Comisión Nacional de la Energía, ha seguido cosechando rechazos. Desde los sindicatos, que sugieren tomar en cuenta el impacto de esta medida sobre el conjunto de la economía, a otros segmentos de usuarios, todos plantean que una subida de semejantes proporciones no puede abordarse de golpe, y menos aún en momentos de desaceleración de la actividad. Por eso, los sectores económicos exigen negociar la política energética.

Las declaraciones del vicepresidente económico del Gobierno Pedro Solbes, que consideran el dictamen del regulador como "una buena base", no tranquilizaron los ánimos. Desde Bruselas, Solbes matizó que la decisión final del Gobierno también tomará en cuenta "el elemento precios, el impacto sobre el IPC y el que sufrirán los ciudadanos". Pero añadió que un segundo elemento a considerar es la evolución del coste de las materias primas, porque, si no se trasladan, el problema se desplazará al futuro. Si ahora no se repercuten en un 100%, habrá que hacerlo más adelante, sugirió.

A la censura de las asociaciones de consumidores se sumaron este martes las críticas de la Federación del Metal de Comisiones Obreras. "A la hora de adoptar este tipo de decisiones -declaró el sindicato, en un comunicado- hay que tener en cuenta el profundo impacto que sobre el conjunto de la economía, y en concreto sobre la industria, el empleo y las familias, pueden tener". Para la sección metalúrgica de esta central, el Ministerio de Industria debiera abrir una mesa de negociación con los representantes sociales en la que acordar, junto con los empresarios, "una propuesta de modelo energético sostenible en lo económico, social y medioambiental".

Desde las organizaciones agrarias, COAG ha levantado la voz para denunciar que sólo la desaparición de la tarifa eléctrica específica para riego supondrá un sobrecoste anual de más de 50 millones de euros para el sector agrario. Estos profesionales concretan que, sumada al alza general del 11%, la desaparición de la tarifa integral de alta tensión que hasta ahora utilizaban les va a suponer un incremento adicional del 25% en la factura final. Por eso, también han dirigido escritos a los Ministerios de Economía e Industria en los que solicitan la creación de una mesa interministerial para negociar con las distribuidoras de electricidad un coste razonable del suministro para los agricultores en el futuro mercado liberalizado.