Las direcciones de los sindicatos UGT y CC. OO. y de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme dieron vía libre al acuerdo alcanzado por sus representantes con el Gobierno, pero los dirigentes de las centrales, defensores del pacto, no se apean de su rechazo a la reforma laboral. Impactados por los últimos datos de la evolución del mercado de trabajo -4,7 millones de parados- los secretarios generales Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras, pusieron ayer de manifiesto sus inquietudes en la conferencia de prensa en la que dieron cuenta de los puntos de consenso -pensiones, energía, fomento de la industria, plan de choque para el fomento del empleo- y pidieron a las fuerzas políticas que se sumen al entendimiento alcanzado, por entender que el contexto de crisis económica generalizada obliga a hacer los máximos esfuerzos.

Méndez y Toxo opinaron que la huelga general del pasado septiembre hizo mella en la posición del Gobierno, pero también reconocieron los riesgos de reproducir una confrontación abierta.

Entre los logros alcanzados en la mesa negociadora, destacaron el nuevo plan de ayudas a trabajadores que han agotado todas las prestaciones. Su cuantía será de 400 euros al mes -un poco 'cicatera', a juicio de las centrales, que evocan los 426 euros de la precedente-, será sufragada con cargo a las cuentas del Estado y, pese a su condición extraordinaria, tendrá carácter de derecho para las personas que, cumpliendo los requisitos- la soliciten.

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha citado para hoy en La Moncloa a los interlocutores sociales para rubricar el pacto social y económico. La pelota se traslada ahora a las fuerzas políticas. Las de oposición al Gobierno no ocultan el deseo de dejar su impronta en el pacto social. PP e IU, desde plataformas opuestas, insisten en el mantenimiento en 65 años de la edad legal de jubilación, al tiempo que censuran la congelación de las pensiones impuesta por el Ejecutivo como medida de austeridad. Las coincidencias acaban aquí. En materia energética, la participación de la nuclear en la generación eléctrica -PP a favor, IU en contra- marca una 'línea roja' insuperable.

Ineficacia del Ejecutivo

El entendimiento de fuerzas políticas y sociales ha sido recibido por el Partido Popular con fuertes reservas. Su posición dista mucho del entusiasmo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que calificó el consenso como el entendimiento más importante desde los Pactos de La Moncloa firmados en 1977, en el marco de la transición política. Los populares aseguran que se ha llegado a la situación actual como resultado de la ineficacia del Ejecutivo, incapaz de reconocer la existencia de la crisis durante un largo periodo, y de poner en marcha a tiempo las medidas necesarias. «El acuerdo social es la constatación del fracaso de la política económica de Zapatero, que le ha llevado a pedir nuevos sacrificios a los españoles», sentenció la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. En consecuencia, y en referencia expresa a los cambios en la jubilación, invitó a «no celebrar como un éxito lo que es un recorte social».

Pero el PP se ve ahora abocado a 'arrimar el hombro'. Sáenz de Santamaría matizó que su formación «actuará de forma responsable» si el PSOE se plantea de una forma abierta los desarrollos y la plasmación de este pacto a través de los proyectos de ley que remitirá al Parlamento. Por eso confió en que el grupo socialista se muestre dispuesto no solo a escuchar, sino también a prestar atención a las enmiendas de la oposición. En otras palabras, espera que el acuerdo no muestre un formato cerrado «al que los grupos no tuvieran otra opción que sumarse o rechazarlo», sin poder realizar sus aportaciones.

Desde el otro extremo del arco parlamentario, el diputado de IU Gaspar Llamazares hizo una valoración muy positiva de las aportaciones de los sindicatos al diálogo social que, en su opinión, han sido «valiosísimas» y han permitido «suavizar la ferocidad» de las reformas del Ejecutivo, hasta conseguir evitar «el total desmantelamiento» del Estado del bienestar.

Mientras, la posición favorable de las fuerzas nacionalistas no constituye una sorpresa. El portavoz adjunto de CIU, Josep Sanchez Llibre, ratificó que esta fuerza política está por la labor de conseguir que pueda materializarse un «gran pacto de Estado» para luchar contra la crisis, recuperar la confianza y combatir el paro.