Más de ocho millones de pensionistas (8.139.520) disponen desde este lunes del dinero que les debía el Estado por la desviación de los precios (noviembre sobre noviembre) en 2,1 puntos, sobre la subida inicial de las prestaciones del 2%. El coste de este pago adicional -que en ningún caso supone una paga extraordinaria- asciende a 1.550 millones, de los que más del 76% es absorbido por los pensionistas de Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Castilla y León.

El Ministerio de Trabajo reconoce que la actualización de las pensiones y el pago de la deuda es un proceso complejo de entender, sobre todo para sus protagonistas que son personas mayores. En consecuencia y como es tradicional, ha remitido una carta a cada titular con la explicación de su situación específica.

La compensación para cada pensión media, situada en 713,51 euros mensuales, es de 195,72 euros. A los 1.550 millones distribuidos se sumarán otros 1.550 para consolidar la revalorización en el importe de las pensiones de 2008, que como es habitual (salvo las mínimas que han experimentado un incremento excepcional) suben inicialmente un 2%.

Nueve años de revalorización

La revalorización de las pensiones de Cataluña ha resultado la más cara, al necesitar más de 284 millones de euros. Igualmente por encima de los 200 millones, ha estado el importe cobrado en Andalucía (227), y superaron los 100 millones las deudas contraídas con los titulares de Madrid (198); C. Valenciana (142), Galicia (110), País Vasco (110) y Castilla y León (104).

En casi todos los casos, el coste está en proporción con el volumen del número de pensionistas. Así, Cataluña también encabeza la lista con 1.450.244 receptores, seguida de Andalucía, con 1.295.912; Madrid, con 876.114; C. Valenciana, con 816.299; Galicia, con 691.667; País Vasco, con 463.518; y Castilla y León, con 566.611.

El arranque de la revalorización de las pensiones en sintonía con los precios fue el Pacto de Toledo, suscrito en 1995 por los grupos parlamentarios durante la primera etapa de gobiernos socialistas. El acuerdo de las fuerzas políticas dio paso a otro convenio firmado en 1996 entre el Ejecutivo, ya popular, CC.OO. y UGT, que se tramitó como proyecto de Ley. El documento fue rechazado por CEOE. No obstante, el descontrol de los precios obliga a subidas adicionales desde 1999, puesto que en los dos primeros años de vigencia de la Ley, 1997 y 1998, la evolución de la inflación fue inferior a la subida inicial de las pensiones.