La Comisión Nacional de la Energía debate hoy la propuesta de actualización de la tarifa eléctrica para el trimestre julio-septiembre. Las asociaciones de consumidores se han apresurado a declarar que "ahora menos que nunca" tiene sentido elevar la factura de la luz de manera que refleje los costes totales de la generación de esta energía. Con los precios de consumo disparados, y la economía doméstica en plena desaceleración, entienden que el momento es el menos oportuno para corregir el déficit tarifario.

La alarma surgió el pasado viernes, porque el recién estrenado secretario general de la Energía, Pedro Marín Uribe, apuntó que el Ministerio de Industria tomará en cuenta las propuestas que formule el regulador energético antes de decidir las tarifas eléctricas que entrarán en vigor a partir del 1 de julio próximo. No se trata de una novedad, sino de aplicar los cambios normativos previstos.

Subida del 20%

Puesto que los expertos de la Comisión Nacional de la Energía ya llevan un tiempo pronunciándose por una subida que acerque el precio a los costes reales, de inmediato se interpretó que el departamento ahora dirigido por Miguel Sebastián se inclinará por una subida próxima al 20%, una tasa que acortaría distancias con el gasto incurrido.

Pero una subida de semejantes proporciones repercutiría en la inflación, ya disparada por el impacto directo de encarecimiento en otros carburantes y por el alza de los alimentos básicos. Y tendría efectos adicionales de los considerados 'de segunda vuelta', al incidir no sólo en el recibo doméstico, sino también en los costes empresariales de compañías que todavía no acuden a comprar electricidad en el mercado liberalizado.

La Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) y la Unión de Consumidores de España (UCE), entre otras organizaciones, han llamado la atención sobre la inoportunidad del momento. Todos sus representantes recuerdan que el pasado 1 de enero se aplicó un incremento de la tarifa eléctrica del 3,3%, y que tres meses más tarde el Gobierno optó por la congelación del precio.