Las diez comunidades autónomas gobernadas por el PP han acordado este lunes en Valladolid reclamar al Gobierno Central que ejerza una labor de liderazgo y lleve a cabo una posición de Estado para defender la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) 2014-2020 y que no se pierda financiación.

Los consejeros de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja, Valencia y Castilla y León han constituido por consenso un grupo de trabajo, que se reunirá cada mes, para defender con una postura común los intereses de las regiones, agricultores y ganaderos.

Bajo la presidencia del titular de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, los consejeros han criticado que el Gobierno Central lleve cinco meses sin reunir a las autonomías para debatir sobre la futura PAC y han planteado cuatro iniciativas.

Así, han decidido exigir que en el debate de las perspectivas financieras, el Gobierno de España no permita que descienda la dotación económica de la política agraria. En segundo lugar han acordado exigir al Gobierno un análisis de impacto económico del modelo que se propone y analizar los sectores más vulnerables.

En el tercer apartado, las autonomías del PP han acordado definir una posición negociadora española pactada con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. Finalmente, se han pronunciado por conseguir una alianza estratégica con otros estados que puedan influir en las propuestas de la Comisión.

El presidente de la Comisión Mixta para la UE del Congreso y el Senado, Miguel Arias Cañete, ha explicado que la PAC es la gran perdedora y su marco financiero es preocupante.

Ha añadido que es necesario vigilar y corregir los proyectos de la nueva PAC para evitar que se generen "enormes distorsiones" entre las CC. AA. y entre los propios agricultores.

Por su parte, la consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, ha insistido en que "es vital" defender la nueva PAC para que no lleve recortes, ya que el sector agrario es el único que puede perder financiación.

Clemente ha criticado el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) lleve cinco meses sin reunir a las CC. AA. para analizar y defender el contenido de la nueva PAC y exigir financiación suficiente.

Asimismo, ha rechazado la consejera que la reunión de las diez Autonomías del PP tenga un objetivo político ajeno a los intereses de los sectores agrario y ganadero de las regiones implicadas.

La Política Agraria Comunitaria "es muy importante", y más en la coyuntura actual, para los intereses y el futuro de España, han suscrito los consejeros reunidos, quienes han recordado que España recibe de estas políticas 7.500 millones de euros (más de 1.300 millones para Castilla y León), a repartir entre más de 900.000 agricultores y ganaderos.

Después de Francia, España es la segunda nación en volumen de fondos recibidos, fundamentales para mantener y crear empleo en el medio rural y fomentar el mantenimiento de la población, según fuentes del grupo de trabajo.