La Asociación de Agencias de Viajes de Aragón instará a la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viaje a demandar por daños patrimoniales y morales a los controladores aéreos y subsidiariamente a la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la que realizan su servicio.

La asociación ha hecho este anuncio en un comunicado y a raíz de los "lamentables sucesos acaecidos el pasado fin de semana en los aeropuertos españoles", como consecuencia del abandono de su puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos.

Los servicios jurídicos de la asociación trabajan para "determinar el ámbito, el alcance, la cuantía y los tiempos de dicha reclamación", y esperan contar "con la valiosa colaboración de todas las agencias de viajes" de la Comunidad.

Recuerdan que las reclamaciones de los consumidores afectados no corresponden a las agencias minoristas, y rechazan las declaraciones de algunos órganos de consumo, desde donde "se invita arbitrariamente a los clientes-consumidores a reclamar" y solicitar algún tipo de indemnización.

Denuncian el decálogo elaborado por FACU, al entender que demuestra el desconocimiento de la ley y por la confusión que puede crear en los usuarios, y se muestran de acuerdo con la UCA.

No obstante, han querido agradecer públicamente "la paciencia y la resignación que los consumidores han mostrado en esta crisis, sin precedentes en España", destacando que "las agencias de viajes echarán el resto en la atención al cliente ante una situación absolutamente inesperada y completamente ajena a su voluntad y a sus compromisos contractuales".

Respecto a la venta de viajes combinados, opinan que el "cierre del espacio aéreo y el consiguiente decreto de estado de alarma con intervención militar podría ser un caso de cese de responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito", al tratarse de "un suceso absolutamente imprevisible e insuperable".

También se refieren en el comunicado al caso de agencias "mayoristas" y respecto a los distintos contratos firmados con proveedores, en los cuales podrían resultar no procedentes cargos hoteleros, gastos de flete de chárter o cualquier otro concepto que pretendan imputar a la agencia organizadora del viaje, dada la gravedad del asunto.