El derrumbe del mercado inmobiliario, principal lastre de la economía española tras años de 'vino y rosas' para el sector, ha obligado a las autoridades a plantearse un giro radical en sus políticas en materia de vivienda. Las prioridades se orientan ahora hacia una construcción más sostenible y racional. Y con dos pilares fundamentales: la rehabilitación como paliativo del sangrante problema del paro en el andamio, que ha perdido un millón de trabajadores en año y medio, y la eficiencia energética como vía de nuevos campos de desarrollo para las empresas.

Para ello se han aprobado ayudas económicas directas, tanto a los promotores como a los particulares, y mejoras fiscales, sobre todo en el IVA. No son la panacea, pero sí un inicio dentro de una alternativa de que la el Gobierno ha hecho santo y seña para los próximos años.

Las primeras decisiones están incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (la inclusión de esta coletilla por primera vez no es casual), el PERV 2009-2012, y en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible. Todo en busca de una reactivación que no sólo ayudará a los parados y sus empresas promotoras o constructoras, sino que abre una puerta de esperanza para muchas otras compañías especializadas en asuntos tan variados como cerramientos, aislamiento u otras industrias auxiliares, que también padecen en 'ladrillazo'.

El auge de la rehabilitación parece que ya ha comenzado. Así lo señala el Servicio de Estudios del BBVA, que destaca que los visados para estas obras crecen a un ritmo del 18% interanual, frente a un desplome general del 42%. Además, estos permisos suponen ya un 28% del total frente al exiguo 13% de hace un año. En época de crisis, señala el banco, es más probable que los hogares prefieran usar su dinero en renovar que en comprar, a lo que se suma el que las empresas se muevan también hacia la renovación de fincas dada la imposibilidad de construir nuevas.

El potencial del sector es enorme, pues el peso de la rehabilitación frente a la construcción residencial en España se queda en el 24% frente al 41% de la media europea. Para asaltar ese promedio el PERV incluye un Plan Renove de pisos y edificios usados, dotado con 2.000 millones de euros. Un dinero que, según cálculos del Ministerio de Vivienda, podría dar trabajo a 108.000 personas. Ese programa, que en realidad es la continuación y desarrollo de uno anterior ideado por el Ministerio de Industria, se plantea de la mano de las comunidades autónomas, que han de definir en algunos casos los criterios para la concesión de las ayudas.

Una condición general, impuesta en este caso por Vivienda, es que al menos el 25% del presupuesto de las actuaciones protegidas esté dedicado a la utilización de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud, la protección del medio ambiente o la accesibilidad del edificio. Se trata de préstamos convenidos y de subsidios de créditos, cuya cuantía dependerá de las condiciones de renta de los propietarios. En el caso de los promotores, el beneficio podrá llegar a los 3.500 euros por piso.

El PERV dedica también un capítulo especial a las áreas de rehabilitación entendidas como conjuntos de casas, en especial en los centros históricos o los barrios degradados, así como en los municipios rurales. La filosofía del gabinete de Beatriz Corredor pasa por resucitar zonas perdidas para la vida 'normal' y dar oxígeno al 'cogollo' de las ciudades en lugar de, como ha sucedido hasta ahora, permitir la extensión de las urbes hacia el exterior como una mancha de aceite.