La DGA avala con 808 millones la compra de viviendas garantizadas

El Gobierno de Aragón avalará con 808 millones de euros la compra de viviendas libres garantizadas, las que bajen su precio para acercarse al de las protegidas, una cantidad que será prestada por siete entidades financieras y que permitirá reactivar el sector y garantizar el acceso a la vivienda.

El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, quien ha asistido a la firma de los convenios con las siete entidades que aportarán los recursos financieros, ha subrayado que con esta línea de 808 millones se posibilitarán préstamos y avales para la compra de alrededor de 4.000 viviendas garantizadas.

"Este es el momento" de comprar una vivienda en las mejores condiciones, ha afirmado Iglesias, quien ha querido transmitir un mensaje de confianza a la sociedad y ha dicho que la economía está empezando a reactivarse.

Los convenios han sido firmados por el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, y responsables de Ibercaja, Banesto, Caja Inmaculada, Multicaja, Cajalón, Caja Rural de Teruel y Caja Mediterráneo.

Esta medida pretende poner en circulación el stock de viviendas libres, que deberán acercar su precio al de las protegidas con rebajas de entre el 25 y el 35%.

Entonces pasarán a denominarse garantizadas y recibirán un tratamiento especial, lo que incluye para su financiación la prestación de un aval por parte del Gobierno de Aragón por un importe no superior al 10 por ciento del precio de venta y por un plazo máximo de diez años.

Asimismo, para la subsidiación de los préstamos convenidos los ingresos familiares no deben superar unos ingresos de 4,5 veces el IPREM, es decir, entre 35.000 y 45.000 euros, y la vivienda destinarse a la residencia habitual y permanente y no superar los 90 metros cuadrados útiles.

Con esta medida el Gobierno de Aragón pretende que el esfuerzo máximo que hagan las familias para adquirir una vivienda garantizada no supere el 35% de su renta disponible.

Esta operación, ha dicho Iglesias, reactivará el mercado y posibilitará el acceso a una vivienda "en un momento de dificultad tanto para los ciudadanos como para los promotores" y es una de las medidas que venía desplegando desde hace un año el Ejecutivo para combatir la crisis económica.

Ha recordado que el sector más afectado ha sido el de la construcción y ha dicho que "movilizarlo" es fundamental para que los ciudadanos tengan derecho a una vivienda con garantías y ventajas.

Los convenios suscritos se integran en el Plan Especial de Dinamización del sector de la vivienda, que incluye, como medida principal, la concesión de avales por parte del Gobierno de Aragón a los compradores de una vivienda protegida garantizada.

Se trata de una propuesta coyuntural, específica y excepcional que complementa las ayudas del actual Plan Aragonés de Vivienda, y que en el caso del Decreto-Ley de Dinamización, de dos años, pretende recortar las diferencias de precio entre la vivienda protegida y la libre.

Según el convenio suscrito hoy, Ibercaja aportará 227,6 millones; Banesto, 130,9; CAI, 56,9; Multicaja, Cajalón y Caja Rural de Teruel, 22,8 millones, cada una, y Caja Mediterráneo, 1,7.

Estas cantidades suman 483.680.910 euros, el 60 por ciento de los recursos a financiar, mientras el 40 por ciento restante queda como reserva de eficacia a disposición de las entidades que agoten los recursos que inicialmente les han sido asignados.

El tipo de interés no podrá ser superior al Euribor más 0,65 puntos, mientras que el plazo de amortización no podrá ser superior a los 35 años.

En nombre de las entidades han tomado la palabra Mari Carmen Aracama, directora territorial de Banesto, y José Luis Aguirre, director general de Ibercaja, quien ha dicho que Aragón no es de las comunidades donde el stok de vivienda haya sobrepasado las expectativas razonables.

Ha agregado que el Gobierno, los promotores y las entidades financieras tienen que hacer un esfuerzo para que se produzca el relanzamiento de la demanda y el encuentro con la oferta.

Aguirre ha afirmado que el Ejecutivo ha definido unos precios por metro cuadrado, unos avales y unos subsidios, los promotores están definiendo una nueva línea de precios para las garantizadas mucho más próxima y en algunos casos inferior a la de protección oficial, y la entidades comprometen cifras muy importantes, ya que "no habrá escasez de dineros para financiar estas viviendas".