Hacienda 'declara la guerra' a los grandes despachos de abogados por retenciones indebidas

Hacienda parece haber 'declarado la guerra' a los grandes despachos de abogados que operan en Madrid, y en breve hará lo mismo con los de Barcelona, según se desprende de las inspecciones que ha iniciado a varios de ellos en busca de pruebas sobre posibles retenciones indebidas que, en último caso, podrían desembocar en una multa multimillonaria. La acusación preliminar que sostiene el fisco es que dichos bufetes retuvieron a sus socios y empleados menos dinero del que realmente les hubiera correspondido, al considerar dichas firmas que éstos no debían tributar como unos asalariados más sino como autónomos o pequeños comerciantes.

El asunto no es baladí, pues casi todos los abogados declaraban al fisco como si fueran profesionales liberales, sin tener en cuenta si trabajaban solos, con algún otro socio o integrados en una verdadera estructura empresarial como la que forman desde hace años los principales bufetes del país. Esta situación deviene a su vez de la 'peculiar' condición laboral de los letrados, que tras varios años de conflicto larvado con la Administración y con los propios profesionales de los despachos devino en un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para 'regularizar' la situación de este últimos.

Fruto de ese pacto, los despachos pondrían a todos sus abogados en plantilla (salvo los socios, que serían considerados copropietarios de la empresa) con fecha de 1 de enero de 2006 y, a cambio, la Administración les condonaría las deudas con la Seguridad Social de los cuatro años anteriores (límite legal para esta reclamación) en que, en la práctica, aquellos trabajaron para las firmas pero sin estar incluidos de manera formal en sus nóminas. Pero Hacienda se considera al margen de ese compromiso, que deja sin sanción una situación, a su juicio, 'irregular', que permitía que tanto los socios como los empleados de los bufetes aparecieran como profesionales liberales.

'Pasar factura'

Con esa táctica, sostienen los inspectores, se conseguía reducir del 45% al 15% la retención que se debería practicar a los letrados sobre sus ingresos. Por ello, la Agencia Tributaria parece decidida a 'pasar factura' ahora a los despachos, al considerar que la única relación aquí presente es la laboral, incluidos los propios socios, por los que se podrían reclamar las retenciones practicadas de menos durante los últimos cuatro años, y por la mitad de ese período para el caso del resto de abogados, pues éstos tienen la condición de asalariados desde 2006. Algo similar ya ocurrió años atrás con las grandes auditoras y entonces el asunto se saldó con una multa, que las propias compañías afectadas recurrieron después ante los tribunales.

Los bufetes, por su parte, se acogen a dos argumentos que juzgan "de peso". El primero es la propia redacción del artículo 27 de la Ley 25/2006, de 28 de noviembre, que regula el impuesto de la renta (IRPF) que, para aquellos, permitiría considerar los emolumentos de los abogados como rendimientos íntegros de actividades económicas (al suponer, en su opinión, la ordenación por cuenta propia de medios de producción y/o de recursos humanos). El segundo es una sentencia reciente del Tribunal Supremo, según la cual reclamar a los despachos unas retenciones no practicadas en su día (en realidad, fueron menores a lo exigido ahora) pero pagadas después por los trabajadores es un caso de doble imposición y, por tanto, vetado por la normativa vigente.