Ni siquiera el PP, que en su programa electoral incluía un "contrato de integración" para los inmigrantes que deseen establecerse en España, parece respaldar la pretensión del Gobierno de reducir al mínimo la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen, actuación que finalmente no afectará a los temporeros que se encargan de recolectar buena parte de las cosechas del país.

Sindicatos, empresas y partidos políticos coincidieron este jueves en la mayoría de sus reproches públicos a una medida que, según recordó CCOO, fue puesta en marcha durante la segunda legislatura de José María Aznar y provocó que un millón de inmigrantes estuvieran ocupados en la llamada economía sumergida, una verdadera lacra para el erario público que se come cada año cerca del 22% del producto interior bruto (PIB). Eso es precisamente lo que los críticos, molestos por no haber sido consultados en el marco del diálogo social o en el Parlamento, temen que se repita ahora.

Pero la falta de apoyos no ha hecho que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Celestino Corbacho, se replantee sus planes, si bien desde su departamento matizaron en las últimas horas que el drástico recorte en la contratación fuera de fronteras se limitará al contingente anual previsto en el régimen general que recoge las conocidas como 'ocupaciones de difícil cobertura', junto a las ofertas nominales que realizan los propios servicios públicos de empleo. De esta manera, quedarán fuera los llamados 'temporeros', es decir, quienes trabajan durante unos meses del año haciendo una labor concreta, la mayoría en la recolecta de cosechas en el campo.

Según el Ministerio, se trata de un colectivo de personas "poco importante'' en número, si bien en 2007 supuso cerca de un tercio del total de autorizaciones laborales para extranjeros concedidas por la Administración, con 51.349 frente a un total de 178.340. En lo que va de año (hasta finales de julio), esa relación había descendido y era de una a cinco, con 18.472 permisos temporales frente a un contingente de 88.180.

Otras excepciones a esa restricción generalizada que prepara el Gobierno serán las contrataciones especializadas y aquellas fijadas en convenios internacionales que tenga suscritos España o pueda hacerlo en el futuro, de manera que al final las contrataciones en origen se aproximarán menos de lo previsto en un principio al "punto cero'' anunciado el miércoles por el titular de Trabajo.

Sin embargo, estas matizaciones apenas lograron rebajar el tono de las críticas a un plan justificado por el propio Corbacho en que "no parece razonable" que en un país con 2,5 millones de parados "seamos iguales de generosos'' que antes en la contratación de extranjeros. Y es que las centrales sindicales que representan a los propios trabajadores españoles no piensan igual pues, como apuntó el secretario de Migraciones de CCOO, Julio Ruiz, esos empleados foráneos cubren en su mayoría ocupaciones de baja cualificación (sobre todo, en la agricultura y la hostelería), que demandan poco o casi nada los nacionales.

"Falta de rigor"

Reclamó por ese motivo "mayor rigor y responsabilidad" al ministro, al considerar que esos trabajos serán igual de necesarios y al final se tendrán que cubrir a través de la economía sumergida, precisamente también por inmigrantes pero esta vez en situación irregular. Por su parte, la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, manifestó su "asombro, molestia y, de alguna forma, también preocupación" porque el Gobierno haya anunciado este asunto fuera de la mesa del diálogo social, por lo que le demandó que lo reconduzca a dicho foro para que allí, junto a patronal y sindicatos, "plantee con rigor, serenidad y una reflexión seria que es lo que pretende". La central USO advirtió, asimismo, que limitar la contratación en otros países no solucionará el problema del paro en España, pues aquella fue más alta en otros años con una tasa de desocupados inferior a la actual. Por último, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) advirtió que "muchas campañas pueden peligrar" si no se mantiene un nivel se temporeros similar al de este año.

Desde el ámbito patronal, la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) tachó la iniciativa del Ministerio de Trabajo de "impertinente, injusta y antisocial'', al tiempo que defendió su papel para canalizar a ese colectivo de trabajadores, que protagoniza un tercio (34,1%) de los contratos que gestiona la organización. Por su parte, la oposición parlamentaria rechazó en bloque la medida, que tacharon de "populista" y "alejada de la realidad", al tiempo que insistieron en sus "efectos perversos" sobre la economía sumergida. Para CiU, ERC, PNV, IU-ICV y ERC, el Gobierno se equivoca ´´por completo´´ al ´´simplificar´´ de esta manera un problema como el paro y vincularlo sin más con la inmigración. A su vez, el PP, pese a ser partidario de un control mayor en la llegada de inmigrantes, quiere separar ahora ese debate de los problemas económicos del país para ´´no cerrar la puerta´´ a quienes llegan ´´de forma legal´´.