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LABORAL

El Gobierno prevé emplear a unos 100.000 trabajadores con un plan de contratación parcial

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, recordó que dicho programa, que durará un año, se centrará especialmente en jóvenes y parados de larga duración.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, dijo que con el nuevo plan de choque que incentiva la contratación parcial, que se está negociando con empresarios y sindicatos, el Gobierno prevé que unos 100.000 trabajadores puedan ser contratados inmediatamente.

Durante su intervención en un seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Rodríguez recordó que dicho programa, que durará un año, se centrará especialmente en jóvenes y parados de larga duración.

Precisó que el nombre de esta modalidad es el 'contrato de tránsito al empleo estable' porque se establecen los mecanismos de transformación a un contrato indefinido de fomento, en cuyo caso las empresas podrán acceder a las bonificaciones que, para este supuesto, establece la reforma laboral.

Rodríguez explicó que el Gobierno ha decidido incentivar este tipo de contratos porque la tasa de contratación parcial en España es del 12,7%, mientras que en Europa llega al 25% y que en aquellos países que tienen mayor trabajo a tiempo parcial hay más participación de jóvenes y mujeres en el mercado laboral.

También recordó sobre la nueva ayuda a la formación para parados sin rentas que, aunque ya se han distribuido 3.100 millones de euros a las comunidades autónomas para atender a los desempleados, el Ejecutivo dará «dotaciones adicionales».

Subrayó que el Gobierno ya adelantó en la última Conferencia Sectorial de Empleo que dichas dotaciones adicionales, que no cuantificó porque todavía están pendientes de negociación, se gestionarían a través del Servicio Público de Empleo sin trasladar el peso económico a los gobiernos autonómicos.

La diferencia de la nueva ayuda (de unos 400 euros) respecto a la anterior de 426 euros, es que ahora se configurará «como un nuevo derecho» de política activa para todo el territorio nacional, explicó González, donde las comunidades autónomas programarán dicha ayuda pero la gestión será de los servicios públicos de empleo.

En la práctica, esto supondrá que las comunidades deberán reservar una cuota de orientadores para atender a los desempleados y otra cuota para las acciones formativas.

«Por primera vez se combina la gestión de las comunidades autónomas con programas de los servicios públicos de empleo», subrayó Rodríguez.

Entre los cambios de las políticas activas de empleo, la secretaria de Estado anunció que el Servicio Público estatal será un proveedor de servicios no solo para parados y ocupados, sino también para las empresas, a las que ayudará en los procesos de selección de personal y en la recualificación de los trabajadores, tanto de los que están en plantilla como de los parados.

También habrá una «estrategia española de empleo» de común acuerdo con la patronal, los sindicatos y las comunidades autónomas para fijar objetivos en cuanto a la atención de los desempleados (cuántos habrá que atender y el método para conseguirlo) y las inversiones necesarias.

Además, se fijará un "acuerdo personal de empleo" que se definirá entre el desempleado y el orientador.

Rodríguez dijo que en estos momentos hay un principio de acuerdo en materia de pensiones, en políticas activas de empleo, en la negociación colectiva (que negocian empresarios y sindicatos) y, al mismo tiempo otras cuestiones como las políticas de industria, energía o de innovación.

En este sentido, subrayó que en «ningún momento» en las diferentes mesas negociadoras ha estado en el debate la energía nuclear y que no se ha planteado «intercambio» de unas políticas por otras.

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