El pacto entre el Gobierno y los sindicatos es posible. Paso a paso, la distancia entre ambos se va reduciendo, algo impensable hace siete días. Los encuentros del fin de semana han calmado las tensiones y los representantes de los trabajadores ya han retirado su amenaza de una nueva huelga general para el mes de enero. En los mimbres del acuerdo figura el replanteamiento de uno de los puntos más duros de la reforma laboral y que más rechazo suscitó entre las centrales a cambio de que éstas acepten la jubilación a los 67 años. El Ejecutivo propone excluir de los despidos procedentes con 20 días de indemnización a las empresas que aleguen solo pérdidas temporales. Las reuniones se retomarán hoy con la presencia del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; los líderes de CC. OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y el presidente de la patronal CEOE, Joan Rosell.

La ley del trabajo ahora vigente contempla la posibilidad de despedir por causas objetivas cuando una empresa acredite una situación económica "negativa", como consecuencia de "pérdidas actuales o previstas". Pero su desarrollo reglamentario, que negocian en estos momentos Ejecutivo y sindicatos, buscará suavizar este aspecto tan lesivo para los intereses de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo e Inmigración deja claro en el borrador que ha ofrecido a CC. OO. y UGT que las pérdidas no pueden tener un carácter "meramente coyuntural".

A favor de la 'ultraactividad'

En el caso de que una empresa tenga que iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) si prevé entrar en números rojos, tendrá que presentar "un informe técnico sobre el carácter y evolución de esas pérdidas", apoyado por sus cuentas anuales, los datos del sector, de la evolución del mercado y del peso específico de la empresa dentro de su segmento.

El Gobierno también amagó con reformar la negociación colectiva -si los interlocutores sociales no llegan a un acuerdo antes del 18 de marzo- mediante la supresión de la llamada 'ultraactividad' de los convenios. Eso quiere decir que si la dirección y los trabajadores de una empresa no llegan a un acuerdo en la revisión de un convenio en determinado plazo, las ventajas conquistadas desaparecen a expensas de lo que contenga un nuevo acuerdo. El Ejecutivo ofrece ahora a los sindicatos un enunciado más flexibles y alejado de las posiciones empresariales.

El borrador también detalla el procedimiento para la regulación de empleo por fuerza mayor (acontecimiento imprevisible e inevitable) y añade que será preceptivo un informe de la Inspección de Trabajo.

No cambia el plazo de cinco días que tiene la autoridad laboral para dictar su resolución, aunque incluye el trámite de audiencia a los representantes de los trabajadores que deberá realizarse en el término de un día.

El texto provisional del reglamento también refuerza la regulación de los planes de acompañamiento social, obligatorios para las empresas de más de cincuenta trabajadores que inicien un expediente de regulación de empleo (ERE).

Planes de acompañamiento

Se establece un listado prolijo del tipo de medidas que debe incluir un plan de acompañamiento para evitar o reducir los efectos del ERE, así como iniciativas para hacer posible la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.

Fuentes sindicales rehusaron opinar sobre un documento que consideran que debe ser discutido en la mesa de negociación, aunque advirtieron de que un reglamento "no cambia la ley".

Esta no es la única materia que está negociando el Gobierno con los sindicatos, con los que también se está discutiendo la reforma de las pensiones y los cambios a acometer en el sistema de negociación colectiva