Las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para reformar las pensiones y alcanzar un pacto que vaya más allá de esa reforma continuaron ayer sin llegar a un acuerdo, en una jornada en la que el Ejecutivo insistió en que habrá que cotizar 41 años para jubilarse a los 65.

Las partes volvieron a reunirse ayer, tras las negociaciones del fin de semana, con la intención de cerrar un acuerdo antes de que el Congreso de los Diputados debatay vote hoy por la tarde las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre la reforma de pensiones, pero con la intención de continuar si no es posible acabar para entonces.

Aunque en un principio los sindicatos se habían fijado como límite hoy para negociar la reforma del Gobierno, cuya medida principal es retrasar dos años la edad de jubilación a los 67, ahora todas las partes apuestan por seguir hasta el viernes. El Consejo de Ministros aprobará ese día el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones, que también prevé elevar en dos años -hasta los 37- los que se necesitarán para cobrar el cien por cien de una pensión contributiva.

Según indicaron ayer fuentes cercanas a la negociación, se van a apurar los contactos para intentar llegar a un consenso antes de la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. No obstante, las mismas fuentes consideran que, si no es posible, no hay por qué parar la negociación, que puede continuar hasta el Consejo de Ministros del viernes. Esto es lo que defendió ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien afirmó que «no es imprescindible» que la negociación termine hoy con la votación en el Parlamento. De acuerdo con el ministro, el «ánimo» del Gobierno es acercar las posturas distantes que todavía existen, por lo que la previsión es «intensificar» las reuniones durante esta semana. Al respecto, eludió dar detalles de cómo van, porque considera que, «por respeto» a las partes, la negociación no puede ser «radiada ni televisada».

Más optimista sobre la posibilidad de un acuerdo se mostró el presidente de la patronal de las pymes (Cepyme), Jesús Terciado, quien considera que la negociación «ha ido en positivo». Esto ha sido posible porque los sindicatos han retirado su amenaza de una nueva huelga contra la reforma de las pensiones y porque los contactos se llevan con la «suficiente discreción, prudencia y sigilo», opinó Terciado. l.

PSOE y Ejecutivo

El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, dijo que el acuerdo es «difícil», pero que se puede conseguir, porque es «fundamental». Además de alabar la responsabilidad que están teniendo los sindicatos en la negociación, Iglesias afirmó que el PSOE y el Gobierno están poniendo «toda la carne en el asador» para llegar a un consenso.

Entretanto, Valeriano Gómez mantuvo que la propuesta del Gobierno es que los que quieran jubilarse a los 65 años deberán haber cotizado 41 años, mientras que los que no tengan ese período deberán trabajar hasta los 67, dos años más de los actuales. Ese retraso no será inmediato, sino que se aplicará de forma gradual -desde enero de 2013 hasta el 2027-, recordó el ministro de Trabajo.

De la negociación con los partidos de cara a la votación de hoy del Congreso de los Diputados, Valeriano Gómez indicó que el objetivo es lograr el «máximo» respaldo. No lo va a tener fácil el Gobierno, ya que los grupos parlamentarios del PP, CiU, ERC-IU-ICV y el Mixto, en nombre de las diputada del BNG Olaia Fernández, han presentado votos particulares a las recomendaciones del Pacto de Toledo en los que rechazan la edad de los 67 años y la congelación, este año, de las pensiones contributivas como medida para reducir el déficit. Debido a este mayoritario rechazo, el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, asegura estar convencido de que hoy el PSOE se quedará sólo en la defensa de la reforma del Gobierno. Para Ridao, Gaspar Llamazares (IU) y Olaia Fernández si sale adelante lo que propone el Ejecutivo las pensiones se recortarán una media del 10%.

Por otra parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, tildó ayer de 'populista' la decisión del líder del PP, Mariano Rajoy, de impulsar ahora una propuesta para suprimir el complemento de pensión al que tienen derecho algunos ex parlamentarios y aseguró que si se habla de eso habrá que abordar las pensiones vitalicias de los ex presidentes del Gobierno que a la vez cobran de empresas privadas.