El proyecto de cuentas públicas para 2009 está ya casi pergeñado, a menos de dos semanas para su estudio y aprobación en consejo de ministros, antes de ser presentado en el Congreso de los Diputados durante la última semana de septiembre. Aunque aún no ha comenzado la segunda ronda de contactos con los grupos parlamentarios -en realidad, sería la primera de peso, pues en julio apenas se habló de líneas generales-, en el Gobierno descartan que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio, en plena crisis económica, vayan a ser rechazados por el Parlamento.

De lo contrario, y aunque la ley obliga a prorrogar los Presupuestos del último ejercicio aprobado, la realidad es que sus cifras resultarían inaplicables en el presente contexto. Las cuentas de 2009 presentan una estimación de crecimiento en el producto interior bruto (PIB) de sólo el 1%, tres veces menos de lo que esperaban doce meses atrás para 2008 -cálculo después rebajado hasta el 1,6% actual- y eso, "de forma absolutamente provisoria", admiten en el Ministerio de Economía y Hacienda, pues la aparente volatilidad del precio del petróleo, que en apenas dos meses ha cedido 40 dólares tras un récord histórico de 147 por barril, hace que "cualquier previsión macroeconómica a un año vista sea casi ciencia-ficción".

Se justifican así desde el departamento que dirige el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ante las críticas recibidas por la falta de veracidad de sus estimaciones. Reconocen, no obstante que hasta la primavera predominaba más el "optimismo" gubernamental sobre la situación económica y ahora se ha entrado en una fase de "mayor realismo", como -afirman- quedará demostrado este miércoles en el Congreso, con la comparecencia voluntaria del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para hablar sólo de la crisis.

Allí volverá a garantizar la política social -las pensiones son de las pocas partidas que tendrán un incremento presupuestario superior al índice de precios de consumo (IPC), y en el caso de las mínimas de hasta el 6%- y centrará su exposición en el empleo, en un intento por convencer a sus otrora aliados parlamentarios para que apoyen un nuevo proyecto presupuestario "austero y ajustado a las necesidades del país''. Pero a los nacionalistas este discurso les resulta insuficiente.

Frente catalán

Los catalanes de CiU, ERC e ICV (socia de IU) están dispuestos a hacer frente común para vincular su apoyo a la solución que se dé a la reforma de la financiación autonómica. Su comunidad recibirá claramente más dinero que ahora pero no se llegará a las cifras que, a su juicio, avalaría el nuevo Estatut. Por ello, y aunque Solbes no descarta convencer a última hora a Convergencia i Unió a cambio de aceptar algunas de sus 'recetas' ante la crisis, el Gobierno no cuenta con sus votos para el debate presupuestario aunque sí con los del PSC, aunque sólo sea por la tan manida unidad de partido.

Ante este probable bloqueo, en las filas socialistas confían en 'pescar' los ocho votos que les faltan en el PNV -a cambio, sobre todo, de la misma contrapartida con las cuentas vascas y dotar de mayor consistencia el mecanismo del cupo-, el BNG -con el que gobiernan en Galicia- e incluso en Coalición Canaria -socio del PP en las islas pero siempre dispuesto a apoyar al Ejecutivo del turno si hay contrapartidas-. Estas tres comunidades, junto a la propia Cataluña, estarían entre las más beneficiadas del reparto territorializado de los fondos estatales para 2009, pese a que no será precisamente boyante -de hecho, a los ayuntamientos se les recortará su partida en términos reales-.

El Gobierno, por su parte, contempla una apuesta algo contradictoria en el proyecto que última. Por un lado, congelará el sueldo de los altos cargos, recortará el gasto corriente (dietas, viajes, luz, agua, teléfono, alquileres ) y también reducirá a menos de un tercio la oferta actual de empleo público, medidas con la que espera ahorrar cerca de 260 millones de euros. Pero, al mismo tiempo, tendrá que respetar sus promesas de gasto social y mantener, si no aumentar, la inversión con fines productivos, lo que unido a que los ingresos no financieros del Estado caerán casi un 1,5% mientras el gasto aumentará un 4,5%, obligará a recortar sobremanera los fondos para muchos Ministerios o aumentar aún más un déficit inicial del 0,34% del PIB, sin descartar incluso romper la tendencia de los últimos años y elevar la deuda pública.