La fiscalidad del ahorro de los no residentes vuelve a ser motivo de confrontación para los 27. Este miércoles, los ministros de Economía y Finanzas abordaron la posibilidad de reformar la Directiva al respecto aprobada en 2003 que se encuentra en vigor desde 2005, después del escándalo suscitado por la aparición de evidencias sobre el alcance del fraude en Lichtenstein, pero las perspectivas de un acuerdo sobre este tema se presentan a largo plazo, como reconocía el vicepresidente español, Pedro Solbes.

Las discusiones del Ecofin estuvieron basadas en un documento de trabajo de la Comisión, que data de finales de abril, y que fue elaborado bajo presión alemana, directa y mayoritariamente concernida por el fraude fiscal de ciudadanos alemanes en Lichtenstein.

La Directiva en vigor establece un modelo de retenciones en origen para tres Estados miembros (Austria, Bélgica y Luxemburgo), que preservan el secreto bancario, y otro de intercambio de información entre administraciones tributarias, de aplicación en el resto de los socios de la UE.

Otros territorios con consideración parcial o total de paraísos fiscales, con los que la UE llegó a acuerdos específicos para poner en marcha su directiva, se han decantado por uno u otro modelo: Suiza, Andorra, Mónaco, el ya citado Liechtenstein y San Martín optaron en su día por la retención en origen, que es también aplicada en ciertos territorios dependientes y asociados como Jersey, Guerseney, Isla de Man, las islas Turk y Caicos, las Vírgenes británicas y las Antillas holandesas. En cambio, Anguila, las Islas Caimán, Montserrat y Aruba efectúan el intercambio de información.

Todo este mecanismo se aplica a intereses devengados por fórmulas clásicas de ahorro de los que son propietarias personas físicas. No es de aplicación en el caso de personas jurídicas, o en una serie de fórmulas de ahorro más sofisticadas, como los seguros de vida con capitalización.

Los ministros consideraron la posibilidad de ampliar el mecanismo a las personas jurídicas y a otros sistemas de ahorro, pero no se experimentaron avances de ningún género en el debate. "Existe una clara mayoría en el consejo a favor e clarificar las cosas, pero no va a ser fácil por la naturaleza del tema -la fiscalidad directa-, y los muy diferentes tratamientos que se dan al tema en los Estados miembros", reconocía Solbes en conferencia de prensa.

La supresión del secreto bancario "plantea dificultades mucho mayores" que la extensión de la Directiva en vigor a las personas jurídicas.

La Comisión tiene previsto elaborar un informe sobre la aplicación de la normativa en vigor. Sobre él, los 27 retomarán el debate, pero en la segunda parte del año.