El Gobierno confía en conseguir los apoyos políticos suficientes para sacar adelante su reforma laboral, incluido el del principal partido de la oposición, el PP, que ha admitido su "buena disposición".

Una reforma de la que ya se conocen los detalles, incluida la versión española del conocido como modelo austríaco: un fondo de capitalización para toda la vida laboral de los trabajadores que serviría para abonar una parte de los despidos.

El fondo, que estaría operativo para todos los contratos indefinidos a partir de 2012, se nutriría con una aportación empresarial por determinar, y se podría entregar al trabajador en casos de despido, movilidad geográfica y formación, aunque si no lo utiliza lo cobraría al final, en el momento de la jubilación.

El borrador, además, hace más fácil los descuelgues de las condiciones salariales previstas en los convenios colectivos sectoriales, al permitir que las empresas dejen de aplicarlas cuando peligre el empleo.

Además abre la puerta a negociar con los partidos la posibilidad de que una empresa que demuestre seis meses consecutivos de pérdidas pueda despedir con veinte días de indemnización a sus trabajadores, como confirmaron fuentes del Ejecutivo, aunque este periodo específico no figura en el texto del último documento de Trabajo.

El Gobierno ha admitido hoy su optimismo ante la posibilidad de que el PP, CiU y el PNV acaben apoyando la reforma laboral, que se aprueba el 16 de junio en Consejo de Ministros y cuya convalidación debatirá el Congreso el día 22.

Así, fuentes del Ejecutivo señalaron que han constatado una "actitud favorable" del PP, y así espera comprobarlo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en su reunión con el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, el próximo martes.

También ve receptivos a CiU y al PNV, formaciones que para el Gobierno pueden encontrarse cómodas con la propuesta que se les exponga.

El lunes se reanudarán los contactos con los partidos para intentar recabar apoyos.

La reforma que quiere el Ejecutivo y que hoy ha entregado a los agentes sociales confirma por lo demás otros aspectos ya conocidos, algunos de los cuales supusieron la ruptura de las negociaciones con patronal y sindicatos.

Así, el borrador detalla la generalización del contrato de fomento del empleo -que tiene una indemnización de 33 días en lugar de los 45 de los empleos indefinidos- y admite que el Gobierno pagaría, a través del Fondo de Garantía Salarial, ocho días de las indemnizaciones de cualquier despido dentro de estos contratos y para cualquier tipo de empresas.

El borrador incluye, eso sí, una nueva condición para que el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) pague: que el empleado despedido haya trabajado bajo este contrato más de un año.

También se especifica otra medida ya conocida con la que se pretende desincentivar la contratación temporal, la de aumentar las indemnizaciones por despido de estos contratos, actualmente en ocho días por año trabajado.

De esta forma, se aplicaría un aumento progresivo para esta indemnización: de diez días por año trabajado a partir de 2012 y ya de doce días a partir de 2014.

Además, según se desprende del borrador, el Gobierno quiere que los contratos por obra tengan un máximo de dos años ampliable a tres y que las empresas que aleguen causas económicas de fuerza mayor puedan suspender temporalmente contratos o reducir la jornada laboral entre un 10% y un 70%.

Sin embargo, advierte de que la reducción horaria y la suspensión temporal no podrán funcionar más de un año.

La reforma incluye medidas de apoyo a la reducción de jornada: como acciones formativas para los trabajadores afectados y ampliaciones de la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Las bonificaciones a la contratación aumentan en muchos otros supuestos para las empresas que las hagan, de forma indefinida, antes del 2011, sobre todo a mujeres, mayores de 45 años o colectivos con dificultades para encontrar trabajo. Las bonificaciones van de los 700 a los 1.400 euros en las cuotas empresariales.

Trabajo remitió el borrador a los agentes sociales y esta tarde los recibió en reuniones separadas para comentarlo. La CEOE no se pronunciará sobre el documento hasta el próximo lunes, tras analizarlo detenidamente.