La misión de luchar contra el paro en estos momentos de crisis no es competencia exclusiva del Gobierno central. También las comunidades y los ayuntamientos tienen que implicarse y, para ello, en el primer trimestre de 2009, el Ejecutivo creará el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, un ámbito de debate y negociación territorial, en el que también participarán las organizaciones empresariales y los sindicatos.

El anuncio del nuevo órgano y el reto lanzado a autonomías y municipios corrió a cargo del titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, durante una conferencia en el Club Siglo XXI.

El ministro añadió que el Consejo estará asistido por una comisión técnica de directores generales de los Servicios de Empleo del Estado y de las comunidades, lo que supondrá un paso importante en la reforma del antiguo Instituto Nacional de Empleo. Los cambios deberán conseguir un sistema eficaz y eficiente que case ofertas y demandas laborales a la vez que recoja las auténticas necesidades del mercado y de las empresas y atienda de manera personalizada a cada parado.

Corbacho insistió en que «estamos atravesando el contexto socioeconómico más cambiante, imprevisible y novedoso desde hace más de 30 años». Por ello, una de las primeras tareas del nuevo Consejo será abordar la mejora y la potenciación de los servicios públicos de empleo y revisar todas las normas existentes que dificulten en la actual coyuntura económica la creación de empleo.

El fin perseguido es que la burocracia y los trámites innecesarios no obstaculicen la generación de colocaciones.

Complemento

«Es una iniciativa (el Consejo) complementaria de las conversaciones emprendidas con empresarios y sindicatos que en ningún caso superpondrá ámbitos de actuación», añadió el ministro.

«Muy al contrario -continuó se trata de ver cuál es la mejor concreción en cada territorio de las medidas surgidas en el seno del diálogo social».

Durante su intervención y pese a que no mencionó siglas concretas, se refirió veladamente a la postura del PP, a su juicio, basada en la descalificación sin fundamento. Aseguró que pese a «lo que algunos quisieran», la crisis no se va a convertir en coartada para desmantelar los proyectos políticos que a medio y largo plazo en materia de empleo ha emprendido el Gobierno.

Reiteró que la discrepancia es «legítima» así como determinadas opiniones ante una medida que se considera erróneamente diseñada o aplicada, pero «esa crítica resulta perversa si se hace sin tener en cuenta su posible eficacia, sólo aprovechando el ineludible retardo en su efectividad para desgastar la acción del Gobierno».

«Es una conducta irresponsable», lamentó.