CRISIS
Constructoras e inmobiliarias coparon el 40% de las 2.800 quiebras de 2008
Lo preocupante del avance de las insolvencias es que junto a los grandes concursos, como el de Martinsa-Fadesa, aparecen centenares que afectan a pequeñas empresas, sobre todo en negocios vinculados de alguna manera al ladrillo.
La crisis, de la que muchos afirman aún tiene recorrido y no ha mostrado toda su crudeza, ha disparado los concursos de acreedores.
Un sistema al que recurrieron durante el pasado año algo más de 2.800 deudores. Una cifra que supone casi triplicar la de un año antes. Dentro de ese aluvión de quiebras, las empresas del sector de la construcción y las inmobiliarias tuvieron un especial protagonismo. Tanto, que coparon el 38% del total de los procesos, según datos de la consultora PricewaterhouseCoopers, que utiliza en su análisis los datos del Boletín Oficial del Estado (BOE).
El derrumbe de las ventas de pisos y la caída generalizada del consumo «han puesto contra las cuerdas a muchas compañías», señala la firma, que destaca también que en el último trimestre de 2008 se han puesto en marcha más concursos que en todo 2007. Lo preocupante del avance de las insolvencias es que junto a los grandes concursos, como el de Martinsa-Fadesa, aparecen centenares que afectan a pequeñas empresas, sobre todo en negocios vinculados de alguna manera al ladrillo. La automoción, uno de los sectores más afectados por la crisis, es el otro gran perdedor, con un incremento en el número de concursos del 79% interanual. Las familias también se declaran en quiebra, aunque hay que recordar que nunca por una sola deuda (como la hipoteca, por ejemplo) sino más bien por su vinculación a algún negocio en calidad de avalistas o garantes.
En 2008, fueron 417 las personas físicas fueron declaradas en concurso de acreedores, lo que supone un incremento interanual del 253% respecto a 2007. PricewaterhouseCoopers llama la atención sobre el creciente fenómeno, y señala que el número y la velocidad a la que crecen los concursos «pueden provocar el colapso efectivo de los juzgados de lo mercantil». Muchas son las voces que reclaman hoy la reforma de la Ley Concursal. Una norma que entró en vigor en 2004 con el objetivo prioritario de salvar empresas y que, en ese sentido, se demuestra ineficaz.
