Primero fue la alimentación y ahora le ha 'tocado el turno' a los cosméticos. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) no está dispuesta a 'pasar ni una' a aquellos sectores donde crea que se puede estar atentado contra las normas del libre mercado, aunque sea de forma velada. Con este objetivo, el consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acordó incoar sendos expedientes sancionadores a una decena de empresas (si bien, en algunos casos se les han abierto hasta tres) y a una asociación patronal por "posibles acuerdos y/o prácticas concertadas para fijar precios en todo el territorio nacional" y, de otro lado, convenir "políticas comerciales comunes", es decir, actuar como si fueran un cartel para imponer prácticas monopolísticas. Las industrias bajo sospecha son las principales que se dedican a la producción de geles de baño y ducha, dentífricos y productos de peluquería profesional.

Aunque las pesquisas preliminares llevaban varias semanas en marcha, según las fuentes consultadas, el inicio de la investigación formal como tal se ha apresurado tras las pruebas halladas por los inspectores de la CNC en los registros realizados que afectaron a nueve de las empresas expedientadas en trece de sus sedes u oficinas. Curiosamente, en la mismas fechas, la Comisión Europea también llevó a cabo varias inspecciones por sorpresa en las instalaciones de distintos fabricantes comunitarios de detergentes para lavadoras y lavavajillas, así como de suavizantes para ropa, ante la presunción de que estuvieran realizando pactos irregulares relativos a sus precios. Sin embargo, desde Bruselas no han querido facilitar más datos sobre las compañías que se están revisando ni tampoco de los Estados miembros afectados.

La institución que preside Luis Berenguer, por el contrario, sí da mayor información sobre sus indagaciones, entre otras cosas porque han desembocado en la apertura de un total de 18 expedientes disciplinarios que, de derivar en la existencia de "conductas restrictivas" tras la fase de instrucción (que puede prolongarse por un máximo de 18 meses), supondrían la infracción del artículo 1 de la Ley de Competencia. En concreto, al considerar los pactos de precios y los cárteles unos de los actos "más dañinos" para el mercado, serían tipificados como una infracción muy grave, castigada con una multa de hasta el 10% del volumen total de negocio de la empresa infractora en el último ejercicio cerrado.

Desde la CNC advierten que las inspecciones son "un paso importante" en sus pesquisas y que "no se expedienta a la ligera", si bien admiten que tampoco "prejuzgan el resultado formal de la investigación".

Entre las empresas expedientadas figuran los grupos Henkel, Unilever, Colgate, L'Oreal, Wella, Puig, Colomer, Sara Lee, Montibello, Eugène Perma, Lendan y Haircare, además de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA). Desde esta última, que agrupa a 223 compañías, negaron que se hubieran producido en el sector acuerdos comerciales contrarios a las normas de competencia, mientras dijeron no tener constancia de que algunas firmas hubieran acordado algo respecto a sus precios. En términos similares se pronunció a principios de abril la patronal de la industria alimentaria, después de que tanto a la propia Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB) como a una decena de organizaciones de fabricantes dependientes de ella (de manera especial en el pan, los helados, la pasta, las salsas, el pollo y los huevos, pero no así en la leche) les fueran abiertos sendos expedientes por la CNC ante supuestas "restricciones" a la libertad de tarifas en sus respectivos ámbitos de actuación.