Las dificultades de contratación y el alza de los costes salariales aumentan el pesimismo empresarial en Aragón

e reduce la inquietud por los riesgos asociados a la inflación y al alza de los tipos de interés, pero se detecta un fuerte deterioro de la percepción de la calidad de las instituciones españolas.

Un operario en la fábrica de bolsas de Sphere en el polígono El Pradillo de Pedrola.
Un operario en la fábrica de bolsas de Sphere en el polígono El Pradillo de Pedrola.
Aránzazu Navarro

Las preocupaciones que acompañaron al empresariado aragonés durante el pasado ejercicio no se han disipado con la llegada del nuevo año. Continúan muy presentes en la percepción de los riesgos con los que la empresa encara el primer semestre de 2024, en el que los problemas y dificultades para la contratación de mano de obra y el incremento de los costes salariales –más tras el acuerdo del Gobierno y los sindicatos para elevar un 5% el Salario Mínimo Interprofesional– se sitúan en lo más alto de sus inquietudes.

Lo recoge la Encuesta de Competitividad elaborada por CEOE Aragón, su Consejo Empresarial e Ibercaja, en la que se analiza la opinión de las compañías de la Comunidad sobre el comportamiento de indicadores y áreas de incidencia económica directa durante los próximos seis meses tanto en la Comunidad como en el conjunto de España.

Es cierto que en sus respuestas, la mayoría considera que dichos indicadores se mantendrán "igual" durante el periodo analizado, pero es también patente que son menos los que lo ven "mejor" que en el semestre anterior, mientras aumentan aquellos que prevén que la evolución será "peor".

La reducción de impuestos y cotizaciones sociales así como la necesidad de aumentar la seguridad jurídica son las medidas políticas prioritarias para las empresas

Sucede así cuando se les pregunta por el mercado laboral. El índice de percepción, señala la encuesta, cae para los dos territorios, pasando en Aragón de 47,86 a 43,37 (en una escala entre 10 y 100 de peor a mejor) y de 43,70 a 38,85 en España. Mucho más significativo es el pesimismo acumulado si se compara con el escenario del primer semestre de 2021 cuando el índice aragonés rozaba el 69.

Aunque el mercado laboral es la mayor preocupación de las empresas, son los aumentos impositivos y el encarecimiento de las materias primas los riesgos cuya percepción más ha aumentado. El otro lado de la moneda la protagonizan la inflación y la subida de los tipos de interés, que ya no resultan tan amenazantes para las compañías como en el semestre anterior. Baja también la inquietud por la caída de la demanda, mientras que los problemas de negociación colectiva se sitúan en última posición entre los factores que menos intranquilidad provocan entre los empresarios de la Comunidad.

Las peores puntuaciones de la encuesta aparecen en las casillas que analizan la calidad institucional. Es, explican desde CEOE, el indicador que registra la mayor caída, o dicho de otra manera, el que muestra que la percepción del empresario es cada vez peor. Mucho más cuando se habla de España, porque hay una notable diferencia entre la puntuación que recibe la Comunidad y la que se otorga a las instituciones nacionales. De hecho, en el primer caso el indicador se sitúa en un 62,70, inferior al expresado en el semestre anterior, pero muy superior a todos los anteriores hasta los seis primeros meses de 2021. Y pese a bajar, es el segundo mejor valorado en el conjunto del país. El índice de calidad institucional en España se reduce, por el contrario, hasta un 37,67, lo que supone un desplome de 35 puntos.

Demandas políticas

Con estas expectativas, las compañías aragonesas consideran que hay medidas políticas que deben acometerse con prioridad. Sitúan en primer lugar, con una nota de 8,6, la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público. Pero consideran también imprescindible aquellas actuaciones que ponen el foco en el mercado laboral, para el que piden un cambio en la gestión de las bajas médicas que permita "afrontar el absentismo y la carencia de mano de obra". Aparece también entre estas prioridades la tan reclamada simplificación de la burocracia.

En un segundo bloque, con puntuaciones que se sitúan entre 6,7 y 7,6, figuran demandas como la reducción de impuestos y cotizaciones sociales, así como la necesidad de aumentar la seguridad jurídica "para mantener y promover la inversión y el desarrollo de la actividad económica", señalan desde la patronal aragonesa.

Hay un tercer bloque de prioridades para el empresariado aragonés. Lo componen aquellas exigencias que tienen que ver con la promoción de la digitalización, la lucha contra la inflación y la necesidad de elevar el apoyo en I+D+i.

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