El brusco giro del Gobierno de Pedro Sánchez en su postura sobre el Sáhara Occidental en marzo del año pasado, al aceptar la soberanía marroquí sobre ese territorio, está resultando nefasto para las empresas españolas que trabajan en Argelia, entre ellas muchas aragonesas. La decisión de Argel de suspender en junio pasado el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que había firmado con España en 2002 se ha traducido en un bloqueo casi total a las exportaciones de nuestro país. Un buen número de compañías afectadas, que no están encontrado apoyo en el Ejecutivo, se están planteando presentar una reclamación patrimonial al Estado para ser resarcidos. Las pérdidas hasta diciembre superaban los 770 millones de euros (unos 60 en Aragón).

«La indefensión es total y no vemos expectativas a corto y medio plazo», afirma Julio Lebrero, gerente de Aecomhel, fabricante aragonés de maquinaria de obra pública muy afectado por el boicot argelino. «Más de 650 empresas españolas sufrimos este bloqueo y llevamos más de ocho meses sin apoyos del Gobierno», añade el responsable de una ingeniería que vende en Argelia desde 1999 y que desde 2013 ensambla en una planta de ese país productos con componentes que envía desde aquí. Unos 200 trabajadores de talleres auxiliares dependen en España de Aecomhel, reseña.

Fuentes de la secretaría de Estado de Comercio, perteneciente al Ministerio de Industria, confirman a este diario que el 8 de junio del año pasado la Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros argelinos (ABEF) publicó una nota informando de la congelación de las domiciliaciones bancarias para el pago de las operaciones de comercio exterior con España. «Desde ese momento», indican, «la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, así como la Oficina Económica y Comercial de España en Argel han hecho un seguimiento constante con las empresas afectadas y potencialmente afectadas por este bloqueo y se han mantenido reuniones con ellas para conocer sus principales problemas y preocupaciones».

Julio Lebrero ha participado en esas reuniones, pero de ellas no ha salido nada, asegura, salvo constatar que las pérdidas millonarias no dejan de incrementarse. «En nuestro caso, una parte importante de nuestra facturación, entre 10 y 12 millones de euros», apunta.

Según fuentes del Ministerio, entre 2021 y 2022 las exportaciones aragonesas a Argelia se desplomaron un 54,2%, al pasar de los 119,3 millones registrados al cierre de 2021 a los 54,6 millones de un año después. Es decir, 64,7 millones menos.

Una de las empresas aragonesas más afectadas es el grupo Saica. «Argelia continúa sin tener intercambios comerciales desde España, lo que hace que hayamos perdido la producción de Zaragoza que iba a ese país», indican desde la compañía que preside Ramón Alejandro. «Si bien nos han solicitado pedidos a Francia, ha sido imposible atender toda la demanda y, en global, en Saica Paper (fabricación de papel reciclado para cartón ondulado) hemos perdido un 14% de ventas», precisan.

Gestiones en la UE

Otra empresa zaragozana afectada es Industrias Químicas del Ebro (IQE), que vendía a Argelia silicatos alcalinos para el sector de la cerámica y zeolitas para detergente en polvo, además de algún silicato para pinturas. En su caso se ha perdido un volumen de negocio de 2 millones de euros, indica Ángel Rueda, director comercial. «El Ministerio no está haciendo nada», confirma, y añade que se están haciendo contactos a nivel de la Unión Europea para que presione con el argumento de que no se puede hacer boicot a un Estado miembro. Lo malo, admite, es que no hay presión de otros países porque sus empresas no solo no están afectadas sino que pueden verse beneficiadas al hacerse con el negocio perdido por las compañías españolas. «Esto va para largo y volver a recuperar ese mercado no será fácil», apunta Rueda. Para IQE, Argelia representaba el 1% de su facturación.

«El negocio con Argelia está totalmente bloqueado», corrobora por su parte Nieves Ágreda, responsable de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Zaragoza. «De forma muy puntual se autoriza algo, pero está todo muy parado», añade. «Nuestra recomendación a las empresas que trabajaban ahí es que busquen alternativas», apunta.