Economía
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La rebaja en el IRPF situará a Aragón en la media nacional

La Comunidad, que era la segunda que más gravaba hasta los 45.000 € de base imponible, pasará a la sexta plaza.

Fachada del edificio Pignatelli, sede de la DGA donde trabaja las denunciantes y uno de los afectados.
Fachada del edificio Pignatelli, sede de la DGA en Zaragoza.
José Miguel Marco

La reforma fiscal que el Gobierno de Aragón plantea para 2023 permitiría que la Comunidad pasase de ser la segunda que más penaliza a las rentas inferiores a los 45.000 euros a ocupar la sexta plaza, ligeramente por encima de la media. Extremadura, Cataluña, Valencia, Baleares, Cantabria y Asturias impondrían a sus contribuyentes una mayor carga fiscal, mientras Canarias, Castilla La Mancha, Andalucía, La Rioja, Galicia , Castilla-León, Murcia y Madrid ofrecen un escenario más beneficioso para el contribuyente.

El Gobierno de Aragón asumió que era posible afrontar una reforma fiscal a inicios de año. La decisión se adoptó por la estabilidad en las cuentas públicas, con un año en superávit y dos de equilibrio, y la materialización de los proyectos de la iniciativa privada aportarán estabilidad económica y creación de empleo.

Nunca estuvo encima de la mesa de Hacienda la deflactación, porque su horizonte temporal y rebaja lineal no se ajustaba al objetivo fijado. Como durante años se reclamó desde la oposición, la DGA asumió que era imprescindible corregir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en las que Aragón penaliza a las rentas hasta 50.000 euros, al que corresponde el 80% de los contribuyentes, mientras se beneficiaba a los que acreditan más de 300.000, en las que se sitúa como la octava que más grava.

Para llegar hasta la propuesta de actualización, se llegaron a manejar más de una docena de tablas, con rebajas que iban de 20 a 100 millones de euros. La más ambiciosa impactaba demasiado en el presupuesto, y la más humilde se quedaba demasiado escasa

Así que optaron por la actual, que permitirá que unos 720.000 contribuyentes se beneficien de una rebaja que rondaría los 200 euros de media y que tendrá un coste 50 millones de euros, que no se dejarán sentir hasta 2024.

Las entregas a cuenta del Estado, en las que se incluye la cesión del IRPF, se elevan a 1.926 millones, frente a los 1.539 consignados el año anterior. Esa cantidad de dinero se mantendrá invariable aunque se aplique la reforma fiscal, que los contribuyentes podrán notar ya en la declaración de 2022, pues se aplicará con carácter retroactivo.

Cuando llegue el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se negocien las entregas a cuenta de 2024, se tendrá en cuenta la rebaja de los 50 millones, aunque el efecto podría ser menos si se crea empleo y aumenta, con ello, la cifra de contribuyentes. El ajuste definitivo llegará en 2025, cuando para cerrar la contabilidad se comparará la cifra asignada por el Estado y la que en realidad se tramitó desde la Agencia Tributaria.

Otro de los debates fue la fórmula para tramitar la actualización fiscal, de la que también se habló con la oposición. Como estaba a punto de iniciarse la tramitación del proyecto de presupuestos, se incluyó en la ley, pues debe estar aprobada antes de que acabe diciembre para que los contribuyentes puedan aprovecharse este año. Se descartó, por tanto, optar por una ley de lectura única, para abrir más la negociación.

Pagarán más de 6.300 aragoneses

El sistema de deslizamiento de tramos hará que los contribuyentes, hasta los 80.000 euros, se beneficien de algún tipo de rebaja. Solo pagarán los más de 6.300 aragoneses que ingresan por encima de esta cantidad. Aportarán unos 3 millones de euros, cifra insuficiente para compensar la reducción de ingresos de 50 millones en las arcas autonómicas, pero que desde Hacienda se justifica para alcanzar la progresividad.

El cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) defiende que la propuesta es conjunta, de todos, aunque hay detalles que se ajustan más a un socio que a otro. Se podría intuir la mano de CHA y Podemos en los aumentos del impuesto de la grandes superficies (10%), instalaciones eléctricas por el uso de agua embalsada y a instalaciones de transportes de energía eléctrica de alta tensión (15%), por los que se ingresarán 3 millones. Y del PAR en las bonificaciones en Sucesiones para garantizar la supervivencia de los negocios y los empleos.

Nunca se abordó la posibilidad de modificar el Impuesto de Patrimonio ni del tipo de Actos Jurídicos y Documentados en la reforma que se llevará a cabo.

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