empleo

Los sindicatos piden medidas 'urgentes' para evitar el colapso del SEPE

CSIF, CCOO y UGT han solicitado al Gobierno en una carta conjunta medidas "urgentes" para evitar el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ante la carencia de efectivos y la "obsolescencia" de las aplicaciones y sistemas informáticos del organismo, han explicado en un comunicado.

Oficina del Inaem y el SEPE en la calle Santander de Zaragoza.
Oficina del Inaem y el SEPE en la calle Santander de Zaragoza.
Guillermo Mestre

CSIF, CCOO y UGT han solicitado al Gobierno en una carta conjunta medidas "urgentes" para evitar el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ante la carencia de efectivos y la "obsolescencia" de las aplicaciones y sistemas informáticos del organismo, han explicado en un comunicado.

Los sindicatos han exigido una reunión urgente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y le han pedido "soluciones inmediatas" ante esta carencia y que se apliquen recursos tecnológicos que permitan una "mayor agilidad" para gestionar la actual carga de trabajo, que se incrementará con la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Las "altísimas" cargas de trabajo que ha generado la crisis sanitaria -que cuadruplican las existentes a 30 de junio de 2019- se unen a la descapitalización de efectivos en estos últimos años y al "alarmante" número de jubilaciones que se están produciendo entre la plantilla, ha subrayado CSIF en un comunicado.

El sindicato ha recordado que en los últimos 10 años se han perdido más de 3.400 efectivos estructurales y que a finales de diciembre ya estarán cesados los 1.500 funcionarios interinos incorporados por la pandemia, que ya empezaron a ser despedidos en junio.

Además, según el sindicato, "la obsolescencia de las aplicaciones y sistemas informáticos del SEPE" que "se han puesto en evidencia" a lo largo de este último año y medio, influyen "negativamente" en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.

A lo largo de 2020, el SEPE atendió a más de 8,5 millones de personas desempleadas, gestionando para ello 36.000 millones de euros, con una plantilla que no superaba los 8.000 trabajadores, según datos del propio organismo. 

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