Consumidores y vecinos piden al Gobierno que intervenga los precios de la energía

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (Fabz) y la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaaragón) han instado al Gobierno a la intervención inmediata de los precios del suministro de energía eléctrica y de gas.

Estas organizaciones califican de "desproporcionada" la actual subida del precio de la energía, que, denuncian, "pone de manifiesto, una vez más, las reiteradamente denunciadas irregularidades del modelo de fijación de precios del mercado eléctrico español".

Para ambas organizaciones, achacar la subida al incremento de la demanda por la borrasca "es de poca consistencia", ya que el pico de consumo previsto supone un incremento del 10 % en algunos tramos horarios, no en todos, mientras que el precio del KWh se ha incrementado más de un 30 % en lo que va de año.

Consideran que tampoco se explica por la subida del precio del petróleo, que se ha producido recientemente y dado que todavía se está quemando un petróleo con un precio inferior.

A su juicio, la subida es fruto de la "especulación" que permite la subasta y por eso piden al Gobierno que aproveche los poderes del estado de alarma, para intervenir de urgencia el mercado semirregulado de los precios de venta del suministro eléctrico.

Una solución que, además, consideran que debería ser el paso previo a "una profunda revisión" del modelo de fijación de precios del mercado eléctrico español para garantizar un suministro domestico a un precio "adecuado y previsible".

Según estas entidades, la subida afecta en principio a los contratos del mercado regulado o PVPC que supone el 35 % del mercado doméstico, aunque reconocen que los contratos del mercado libre, referenciados al PVPC, también se verán afectados y es además más caro que el PVPC a lo largo de todo el año.

La FABZ y la UCA recomiendan a los consumidores que tengan problemas para pagar estos suministros que se pongan en contacto con sus compañías para solicitar la cobertura como consumidor vulnerable y, en su caso, que se informen de sus derechos en las Oficinas públicas de Información al Consumidor o en los Servicios Sociales de sus Ayuntamientos.