Dirección y sindicatos de Ibercaja pactan las salidas de 750 empleados del banco

Representantes de la dirección y la mayoría sindical de Ibercaja alcanzaron finalmente esta madrugada, después de dos intensas jornadas de negociaciones, un acuerdo final para la aplicación del expediente de regulación de empleo (ERE) de la entidad, que estipula la salida de hasta 750 empleados. Cesiones de última hora de las dos partes permitieron desbloquear la posibilidad de alcanzar un texto que contentara a todos, pero que solo fue posible extendiendo un día más el periodo oficial de negociación.

El acuerdo final fue aceptado por el 78,65% de la representación sindical (CC. OO., Apeca Fine, ACI y Asipa), es decir, todas las centrales menos UGT, y según apuntaron desde de la mayoritaria -Comisiones- «el texto queda pendiente de ratificación, por parte de nuestros órganos de gobierno, y de la revisión de nuestra asesoría jurídica».

El documento final establece que podrán abandonar el banco de modo voluntario los trabajadores nacidos entre 1961 y 1963 cobrando el 85% del salario hasta que cumplan los 63 años. El porcentaje definitivo ya fue ofrecido por la empresa el viernes y ayer no fue objeto de discusión. En cuanto al resto de salidas, podrán recibir el 75% del sueldo tanto los nacidos antes de los citados años como los de 1964, mientras que los de 1965 que quieran marcharse podrán cobrar el 65%. A empleados más jóvenes que quieran irse voluntariamente se les ofrecerá el cobro del sueldo durante 24 meses (el doble que en el ERE anterior, el de 2017), si bien el número de personas que entre dependerá de cuántos empleados de más edad se apunten para marcharse.

Resuelta la cuestión de las indemnizaciones, y sin disputas sobre el número de salidas (la entidad ya rebajó de 790 a 750 la cifra en una reunión anterior), las discusiones entre la dirección de Ibercaja y los representantes de los sindicatos se centraron fundamentalmente en lo relacionado con la movilidad geográfica -la obligatoriedad de traslado de empleados cuyas oficinas serán cerradas- y en el plan de pensiones, tema este último que afecta más a los empleados que se quedan en la entidad. La empresa había planteado que se suspendiera durante dos años el cobro de este plan y que se pudiera recuperar en 2023, pero finalmente dio marcha atrás en la medida para facilitar que se alcanzara un acuerdo.

La visión de CC. OO.

Desde la representación de CC. OO., liderada por Miguel Ángel Villalba, se indicó que a falta de dar a conocer más detalles, el sindicato asegura haber cumplido «todos los objetivos» planteados al inicio del proceso. Es decir, precisaron, asegurar la voluntariedad mediante salidas dignas, minimizar los efectos de la movilidad geográfica, garantía de empleo y que no hubiera coste para la plantilla que permanezca en activo. «Agradecemos la responsabilidad y el enorme trabajo de todos los sindicatos, tanto firmantes como no, que hemos mantenido la unidad casi hasta el final», apuntaron desde CC. OO., que se mostró crítico con la entidad al entender que la negociación «podría haberse resuelto mucho antes».

Desde Ibercaja dieron la bienvenida al acuerdo y señalaron que en breve se abrirá la lista para la presentación de solicitudes de los trabajadores que quieran marcharse con las condiciones estipuladas. «La voluntariedad está asegurada», indicaron tras precisar que 600 es el número mínimo de salidas y 750 el máximo. El proceso se materializará en el año 2021 y en el primer semestre de 2022.

Ibercaja puso en marcha este nuevo proceso de ajuste a finales del mes de octubre, en un escenario muy distinto del de diciembre del año pasado, cuando anunció la presentación de un expediente de regulación de empleo que afectaría al 10% de la plantilla, unos 550 trabajadores. La crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, de la que deriva una digitalización de la banca que se desarrolla a mucha más velocidad que antes, está afectando de lleno a un sector, lo que obliga a dar nuevos pasos y a actuar con diligencia y es por ello que el banco aragonés decidía retomar el diálogo con los sindicatos suspendido en mayo pasado por la covid-19 y abrir este nuevo proceso de negociación.

El 3 de noviembre, en la primera reunión del periodo de consultas previo a la negociación formal, la responsable del área de Personas de la entidad, Teresa Fernández, y miembros de su equipo anunciaron a los representantes sindicales que el número de personas afectadas se elevaba de las 550 planteadas en la anterior negociación a 790 por el cambio de escenario e informaron de que la decisión de llevar adelante este ERE obedecía a razones organizativas, económicas y de producción.

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