Linde ve "difícil" vincular las pensiones al IPC y pide estimular los planes privados

El Banco de España se muestra cauto con la idea de vincular las pensiones al IPC como reclaman los jubilados en la calle y partidos de la oposición como PSOE o Unidos Podemos en el Congreso. De hecho, el gobernador del organismo, Luis María Linde, admitió este lunes que es "difícil" aprobar esta medida exigida cada vez con más fuerza en las manifestaciones y a la que el Gobierno se opone. Sin embargo, el máximo responsable del banco central fue más allá y, aunque defendió la importancia para la "cohesión social" que tiene el sistema público de pensiones, consideró positivo estimular los planes privados como complemento. Asimismo, el responsable del supervisor bancario reconoció los "graves problemas" que afronta el sistema de la Seguridad Social –acumula un déficit de 18.000 millones–, pero se mostró confiado en que si prosigue la creación de empleo a buen ritmo se podrá mitigar ese escenario.

Los problemas del modelo son claros y compartidos por todos: el déficit de la Seguridad Social ha provocado que la ‘hucha’ de las pensiones haya quedado prácticamente a cero al pasar de 66.000 millones a 8.095 millones y el Tesoro inyectará 15.000 millones al sistema este año (más los 10.000 millones prestados por el Estado en 2017). Al mismo tiempo, los pensionistas pierden poder adquisitivo con una revalorización del 0,25% –el mínimo marcado por la ley– frente a una previsión de inflación para 2018 del 1,6%. En 2017 la subida de las prestaciones también fue del 0,25% y la cesta de la compra se encareció un 2% de media anual.

"El sistema tiene problemas, pero hay solución si se afronta de manera razonable y sigue aumentando el empleo", señaló el gobernador del banco central en un acto organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos. Es decir, defendió la misma tesis que maneja el Ejecutivo, contrario a revalorizar las pensiones según la inflación a pesar del aumento de la presión en las calles. Y es que el Gobierno no quiere volver a un sistema de indexación que considera "arcaico", como reconoció el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. De hecho, su departamento apuesta por crear un impuesto negativo –una ayuda fiscal– en el IRPF para las personas de más edad. Un mecanismo aún por definir (no se sabe ni la cuantía ni con cuántos años se podrá solicitar), pero que el Ejecutivo quiere incluir en los próximos Presupuestos, que pretende aprobar el 23 de marzo.

Por otra parte, el gobernador del Banco de España resaltó que los niveles de aportación de los españoles a planes de pensiones privados están por debajo de la media de países del entorno. "Sería bueno que la gente no solo invirtiese en vivienda, sino también un poco en activos financieros", señaló. Así, mientras que el dinero invertido en fondos de pensiones en España apenas alcanza el 10% del PIB, la media de la OCDE se sitúa en el 60%. Una brecha que en gran parte se explica por el buen funcionamiento de las pensiones públicas. Pero, según Linde, ese volumen de ahorro "pequeño" en fondos privados también se debe a que tradicionalmente los españoles han preferido dedicar sus ahorros en la compra de una vivienda y no en este tipo de instrumentos financieros.

Sin embargo, el gobernador admitió que para avanzar en ese camino sería necesario incentivar esos planes privados. Precisamente, el Gobierno aprobó hace unas semanas una flexibilización que permitirá rescatar la inversión a partir de los 10 años. Una medida con la que buscan atraer a los más jóvenes a estos fondos.

Acuerdo para primavera

En cualquier caso, Linde también resaltó que el problema de la sostenibilidad de las pensiones está muy relacionado con aspectos demográficos como la baja natalidad unida a la mayor esperanza de vida. Una situación que tiene una corrección "muy lenta". Por ese motivo insistió en que la medida "más eficaz" a corto plazo es mantener los niveles de creación de empleo de los tres últimos años. Esa es la posición que defiende el Gobierno. En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, resaltó este lunes que las pensiones podrán incrementarse "si crece el empleo y llegamos a los veinte millones de cotizantes". Por su parte, la titular de Empleo, Fátima Báñez, reiteró que "la garantía de las pensiones de hoy" es una política económica "de crecimiento y creación de empleo".

Asimismo, Báñez apremió a los grupos políticos presentes en el Pacto de Toledo para lograr un consenso rápido. "Espero que de aquí a la primavera tengamos una acuerdo", explicó. Algo que se antoja difícil cuando PSOE y Podemos piensan proponer vincular otra vez la revalorización de las pensiones con la inflación. Y el secretario de Estado de Seguridad, Tomás Burgos, dejó claro hace unos días que sin el respaldo del PP no habrá reforma posible.