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Fiscalía

Las acusaciones mantienen las penas de cárcel por el caso CAI pero rebajan a la mitad el daño

Los querellantes admiten un error en el cálculo del supuesto perjuicio, que reducen de casi 13 a 6,3 millones. Las defensas insisten en que no se ocultó nada y hablan de un caso "pervertido".

Miguel Ángel Coloma 27/10/2016 a las 06:00
Los tres acusados –Tomás García Montes, Javier Alfaro y Ramón Marrero–, ayer, durante la tercera y última sesión del juicio.Oliver Duch

El juicio por administración desleal contra el ex director general de Caja Inmaculada (CAI) Tomás García Montes, el exsubdirector de la entidad Francisco Javier Alfaro Navarro y el abogado y empresario Ramón Marrero Gómez quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial. Para la Fiscalía y las acusaciones particulares –ejercidas por la propia CAI y por la Confederación Intersindical de Cajas (CIS)–, las declaraciones y periciales practicadas a lo largo de la semana no han servido más que para confirmar que entre los años 2007 y 2009 los encausados llevaron a cabo una serie de gestiones que perjudicaron "gravemente" a la entidad. Y aunque las explicaciones ofrecidas durante la vista han hecho que los querellantes rebajen de cerca de 13 a 6,3 millones de euros el supuesto daño causado, para estos la pena de prisión no debe variar: entre 3 y 16 años para cada uno de los encausados.

Todo lo contrario mantienen las defensas, que aseguran que sus clientes no causaron perjuicio alguno a CAI, sino todo lo contrario. Según estas, "de la única lealtad de la que se puede dudar es de la del denunciante", al que acusan de ocultar información y "pervertir" así el procedimiento judicial. "Esta es una querella puesta a martillazos, sobre hechos inconexos que se han presentado juntos para dar una apariencia de ilegalidad que no se corresponde a la realidad", manifestó el abogado Esteban Mestre, quien pide la absolución para los dos ex altos directivos de CAI.

En la misma línea, el letrado Javier Osés, en nombre de Ramón Marrero, calificó la querella como "un montaje, perfectamente orquestado". "Todo lo que ahora se cuestiona se hizo con total transparencia y bajo supervisión de los órganos de control, por lo que ningún motivo hay para señalar a mi defendido", dijo. Según el letrado, a Marrero le tocó además quedarse con "los muertos" que no quiso CAI, en referencia a la salida de la entidad, cuando llegó la crisis, de algunas de las sociedades en las que compartían accionariado.
 

Reproches y réplicas

Los reproches que las acusaciones hacen a los encausados son varios. En cuanto a Tomás García Montes y Francisco Javier Alfaro, dicen que se aprovecharon de su privilegiada posición en la entidad para adquirir sendas viviendas en el Puerto de Santa María (a una empresa que estaba participada por CAI) a mitad de precio. A este respecto, la defensa recordó al tribunal que sus clientes pidieron sendos préstamos para hacer frente a la compra de estos inmuebles y en la documentación se exponen "de forma clara y concisa" el precio y demás términos del contrato. "Si no se quiso ver entonces, será porque los órganos de control no quisieron ver. Pero la inactividad de estos no puede convertir en delincuentes a quienes nunca han ocultado nada", argumentó Mestre.


A la hora de objetivar el supuesto perjuicio causado a CAI, la Fiscalía recordó también que los tres acusados y sus familias (un total de once personas) viajaron a Egipto en 2007 a costa de tres empresas participadas por la entidad. "El viaje salió a casi 18.000 euros por persona, algo absolutamente desorbitado", dijo la representante del ministerio público. "Cualquier criterio de prudencia en el ámbito de la gestión de una empresa impide justificar un desembolso así", añadió el abogado Enrique Molina, en nombre de CAI. Sin embargo, las defensas insisten en que eran viajes "conocidos y consentidos".

La tercera cuestión en litigio se refiere a si los acusados perjudicaron o no a la entidad cuando, sobrevenida la crisis, esta decidió abandonar muchas de las sociedades de carácter inmobiliario en las que participaba. Para las acusaciones, los acusados aceptaron daciones en pago que supusieron una pérdida patrimonial de 5,6 millones a CAI, a la que suman varias operaciones de compra de terrenos con un perjuicio de otros 619.069 euros. Las defensas cuestionan los cálculos y mantienen que no se han tenido en cuenta ni las plusvalías latentes ni el dinero que se ahorró la caja."Porque el dinero que se pagó por esos terrenos lo usó Marrero para pagar las deudas que tenía por créditos", recordaron.




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