La juez que investiga los ERE falsos ha imputado este lunes ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y le ha acusado de haber cobrado 51 millones de euros ilícitos en lugar de los 20 millones anteriores.

En su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya, González Mata ha asegurado que el Gobierno andaluz aún le debe la mitad de su trabajo, correspondiente a pólizas por importe de 200 o 300 millones de euros.

La juez Alaya ha dedicado la primera hora de la comparecencia del empresario a leerle un escrito de imputación de treinta folios con los ocho delitos que le imputa: prevaricación, malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública por haber cobrado, presuntamente, sobrecomisiones situadas hasta un 15% por encima de la media de mercado.

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que Alaya considera indebidos los 51 millones de euros que cobraron Uniter y Vitalia y no los 20 millones imputados hasta ahora, pues computa como ilícitos todos los cobros en ERE financiados por la Junta y no solo las sobrecomisiones por encima de la media del mercado.

Para ello se basa en informes de la Dirección General de Seguros, según los cuales no hacen falta intermediarios para contratar con la administración.

También le ha imputado haber pagado 7,6 millones de euros a los sindicatos CC. OO. y UGT entre Uniter y Vitalia.

González Mata ha revelado que en el expediente de Santana Motor, en 2001, y de la Faja Pirítica de Huelva, a partir de 2003, no negoció con el consejero de Empleo, el ya imputado Antonio Fernández, sino con un alto cargo a quien ha identificado como Paquillo.

Abogados personados en la causa han informado de que esta persona es probablemente Francisco García Martínez, secretario general de Empleo de la Junta entre 2001 y 2003 y en la actualidad primer teniente de alcalde en Guarromán (Jaén).

El empresario ha asegurado que al principio de los ERE sufragados por la Junta llegaba a haber entre tres o cinco empresas interesadas en gestionarlos, pero al final solo quedó la suya y se ha lamentado de que el Gobierno andaluz aún le debe la mitad de los expedientes que ha tramitado, correspondiente a pólizas por importe de 200 o 300 millones de euros.

"Si volviese a ponerme en 2001, no volvería a trabajar con la Junta", ha comentado el empresario, a lo que la juez Alaya ha respondido: "Para como le ha ido, desde luego", según una anécdota que han relatado los abogados personados.

También ha revelado que Uniter ha pagado 2,7 millones de euros entre 2001 y 2007 a Estudios Jurídicos Villasís -que tiene varios abogados imputados en la causa- por asesoramiento a las asociaciones de trabajadores creadas por los prejubilados.

González Mata se encuentra entre los 22 imputados en la última fase de la investigación sobre los ERE, relativa a las presuntas sobrecomisiones, y entre los casi 90 acusados de este caso, entre los que figuran siete exaltos cargos de la Junta, mediadores e "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas.