Economía
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Justicia

El Gobierno lucha contra testaferros y paraísos fiscales

El ministro de Justicia ha justificado la actualización que se ha hecho de algunos delitos para adaptarlos a las nuevas necesidades del siglo XXI.

Gallardón, acompañado por Rita Barberá y Alberto Fabra, momentos antes de la conferencia de este lunes.
El Gobierno busca que sean malos tiempos para testaferros y paraísos fiscales
EFE

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este lunes el compromiso del Gobierno para que, gracias a su reforma legislativa "estructural" contra los delitos económicos y fiscales, sean "malos tiempos" para testaferros, clientes de "paraísos fiscales" y tramas organizadas.

Gallardón ha hecho estas afirmaciones durante la conferencia que ha impartido esta tarde en el Club de Encuentro Manuel Broseta, titulada 'Nuevos medios contra el delito económico y la recesión: la respuesta del Estado', en la que ha estado presente, entre otros invitados, el president de la Generalitat, Alberto Fabra.

Según el ministro, los cambios penales aprobados por el Gobierno en relación a los delitos económicos "no son ocasionales" ni vienen motivados por intentar dar una mejor "imagen pública" de la política.

"Es una reforma estructural en toda regla" que lidera su Ministerio en colaboración con otros departamentos y que, para Gallardón, busca fortalecer la competitividad en España.

A su juicio, en este país no puede haber "un mundo jurídico paralelo" para aquellos que quieran eludir el "enorme sacrificio" que el Gobierno está pidiendo para afrontar esta crisis, "sobre todo a las clases medias".

En su discurso, Alberto Ruiz-Gallardón ha repasado algunos de esos cambios y ha justificado la actualización que se ha hecho de algunos delitos para adaptarlos a las nuevas necesidades del siglo XXI, al tiempo que ha lamentado que el sistema judicial español siga siendo demasiado lento e ineficaz en la resolución de conflictos.

Según ha expuesto, el alto nivel de litigiosidad que hay en España (con nueve millones de asuntos al año, frente a los 6,5 millones de Francia) revela que algo se está haciendo mal: "Estamos forzando a los ciudadanos a que todos sus conflictos se resuelvan por la vía judicial, y esa culpa es del poder político, del poder legislador y del Gobierno".

Ha abogado por la mediación, el arbitraje y la introducción de mecanismos que ayuden en la resolución de conflictos, al tiempo que ha pedido una mayor participación de colectivos jurídicos hasta ahora infrautilizados, así como de las cámaras de Comercio.

Según el ministro, el propósito de su departamento es "ambicioso" y, lejos de ser conservador, tiene "un impulso rebelde" que pretende aportar "soluciones efectivas" para problemas reales y actuales.

Por ello, una de sus intenciones es poner "en serios apuros" a los "defraudadores sofisticados" y "profesionales" de tramas criminales.

En el coloquio posterior, ha sido preguntado sobre la subida de las tasas judiciales y ha vuelto a defenderlas, por cuanto supondrán el 10% del presupuesto total de la justicia en España, cuando la media europea está en el 30%.

Gallardón ha señalado que esa subida de tasas, que según ha recordado fueron introducidas en España en 2002 por el entonces Gobierno socialista, buscan también alejar de los tribunales a aquellos que hasta ahora abusaban de la litigiosidad.

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