Economía

Acuerdo del Consejo de MInistros

El Gobierno vigilará más el fraude laboral

Sáenz de Santamaría ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones indebidas.

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EFE

 El Gobierno ha incrementado las sanciones máximas por fraude laboral y a la Seguridad Social, y ha reforzado el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida.

Así consta en el anteproyecto de Ley ordinario aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y que se incluye en el del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones indebidas o crear empresas ficticias para cobrar subvenciones.

El anteproyecto eleva el rango de las sanciones a las empresas defraudadoras y tipifica como "infracción muy grave" cuando, por ejemplo, una empresa utiliza a trabajadores afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les coacciona a trabajar.

Según Sáenz de Santamaría, se ha detectado un fraude "importante" en las empresas que han realizado un ERE o despidos colectivos, por lo que ha insistido en que se reforzará el control y la vigilancia.

Ha recordado que en los seis primeros meses del año se han descubierto 40.000 empleos irregulares, 800 infracciones y cerca de 14.000 contrataciones falsas.

"Se ha visto que a 26 de junio había 4.500 trabajadores que cobraban un salario y una prestación a la vez", ha incidido.

Los objetivos de la futura ley son impulsar el afloramiento de la economía sumergida y generar recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales.

También, combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Se incrementan las sanciones previstas más allá del límite máximo actual de 187.515 euros y las multas se incrementarán porcentualmente cuando las infracciones afecten a más de un trabajador.

Se pagará un 20% más en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, un 30% en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores y así sucesivamente.

Además, se amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses.

El anteproyecto contempla un aumento en el número de inspectores de trabajo hasta los 53 en 2012 y hasta los 60 subinspectores este año, que a su vez colaborarán con los agentes de la Agencia Tributaria.

Asimismo, se amplia de uno a tres años tras la terminación del encargo la responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a las obligaciones con la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata.

El ministerio de Empleo hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde más pueden percibirse bolsas de fraude y hará un seguimiento del empleo aflorado.

También trabajará con protocolos de actuación conjuntos con el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con el Colegio Nacional de Notarios y Registradores.

"A partir de ahora será grave no cotizar por los salarios de tramitación por vacaciones devengadas y no disfrutadas, o por tener a los trabajadores declarados como a tiempo parcial y estén trabajando a jornada completa", ha dicho, tras insistir en que "el que no paga cotizaciones perjudica a los pensionistas y al conjunto de la sociedad".

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