Jornada decisiva en la Liga. La Comisión Delegada de la LFP se reúne hoy en Madrid, a partir de las 10.30, para intentar hallar soluciones al conflicto surgido con el Murcia. La situación jurídica es muy compleja. En principio, el club grana debería ser readmitido en la Segunda División, tal y como ordena el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid, que da la razón a las medidas cautelares solicitadas por los murcianos. Una resolución judicial, dictada por el magistrado Andrés Sánchez Magro en su auto, que necesariamente prevalece hasta que, ya dentro de unos meses, se dicte la sentencia definitiva sobre el caso.

Sin embargo, aunque el auto del juez no es recurrible, la medida cautelar adoptada sí es revisable por el cauce procesal previsto en los artículos 739 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una fórmula que la LFP empleó el pasado jueves, presentando los fundamentos de su oposición. Entre otros muchos argumentos, la patronal expone no estar capacitada por sí misma para inscribir al Murcia en la Segunda División, tal y como decreta en su auto el Juzgado de lo Mercantil, porque necesita imperativamente una modificación normativa de la Federación Española, que es el organismo que debe autorizar la ampliación de la categoría a 23 clubes y la configuración del nuevo calendario. En este sentido, el juez deja a la LFP en una situación de “insusceptible cumplimiento”, según la propia versión de la Liga. 

Por ello, la patronal tiene previsto mantener hoy su postura, por lo que no readmitirá al conjunto murciano en la categoría de plata. De hecho, no lo hará hasta que el juez se pronuncie sobre el escrito de oposición, cuya vista tendrá lugar en principio esta misma semana. La LFP sigue convencida de que le asiste la razón, e insiste en que el Juzgado de lo Mercantil no es competente para suspender el descenso de categoría acordado en la Asamblea General, que tuvo el respaldo de 40 de los 42 clubes profesionales. 

La Liga sancionó al Murcia por dos vías. La primera atendió a que los murcianos «no cumplen los ratios económicos exigidos», de ahí que se le negara su inscripción en el fútbol profesional. El ratio que establece la LFP debe ser, como máximo, de 4,5; pero el del Murcia llega a alcanzar el 5,8, cifra que resulta de dividir su deuda total (35 millones) por los ingresos previstos durante la temporada (6 millones). Además, también se castigó al Murcia “por ser reincidente en su incumplimiento con la Agencia Tributaria». De esta forma, el Juez de Disciplina Social de la Liga ratificó el descenso de categoría de los granas, el pasado 7 de agosto, «por el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Estado», una infracción prevista por el artículo 69.2 de los Estatutos Sociales de la Ley del Deporte. La Liga considera que el Juzgado de lo Mercantil se extralimita en sus funciones, porque sólo un órgano administrativo (el TAD), y después la jurisdicción contencioso-administrativa, son competentes para decidir sobre esta cuestión.

Mientras, el Murcia se agarra al amparo del Juzgado Mercantil, superior en jerarquía a cualquier órgano administrativo, y entiende que debe ser readmitido ya mismo en el fútbol profesional. «El auto dictado por el juez –explica el propio club– es una decisión judicial que exige su inmediato cumplimiento». La entidad de Jesús Samper se ha propuesto llevar la solución hasta la vía penal, si hiciera falta, y hoy pedirá a la fiscalía que actúe contra la Liga. El Murcia presentará el pertinente escrito al Juzgado de lo Mercantil, instando a su readmisión en Segunda y denunciando, además, la «conducta rebelde de la LFP» por no haber admitido aún al club grana en esta categoría.