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Comunicación

Unas 200 personas reclamaron su derecho al olvido en internet en 2013

"El usuario está protegido, pero no sabe qué pasos seguir", indica el abogado Javier Prenafeta.

"Una página que no parece en los motores de búsqueda no tiene difusión". Esta es la causa por la que el derecho al olvido en internet es "importante" para los usuarios, según abogado especialista en tecnología de la información Javier Prenafeta.

Un derecho que en 2013 solicitaron unas 200 personas en España, según los datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD), una cifra similar a la de 2012, con 199 peticiones registrados. Las primeras reclamaciones surgieron en 2007, cuando les llegaron tan solo tres. El boom se produjo entre los años 2010 y 2012. En esos dos años se doblaron, desde las 89 a las 199.

Hasta ahora, una persona que quisiera que se eliminase una información en internet se dirigía a la web o, si no antendían su petición, a la AGPD. Pero había un problema: aunque la página web que alojase el dato lo borrase, todavía era accesible desde el buscador. La sentencia del pasado martes obliga sin embargo a Google a borrar también la información de su buscador, ya que entiende que, al tener sedes en la Unión Europea, debe cumplir sus leyes sobre este asunto.

Además, "se tiene en cuenta la libertad de información, ya que se analiza caso por caso", subraya Prenafeta. Los datos relacionados con personajes públicos o noticias de interés del público no se podrán eliminar aunque existan peticiones.

La sentencia solo se refiere a Google ya que el demandante, Mario Costeja, pidió a este buscador que eliminase el enlace a un anuncio aparecido en 'La Vanguardia' sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social en el que se le nombraba. Sin embargo, para Prenafeta "en principio puede ampliarse a otros motores de búsqueda, siempre que tenga una sede en la Unión Europea o un establecimiento permanente", como es el caso de Yahoo.

El problema estriba en que es Google quien decide qué se borra y si el usuario no está conforme con su decisión debe ir a la AGPD o a los tribunales, lo que puede ser costoso. Además, que desaparezca de los buscadores no significa que la información haya sido eliminada, aunque perderá difusión.

Si lo que se desea es que no sea accesible, hay que solicitar a la página que la retire. Si es inexacta, tiene 10 días para corregirla. Si, como en el caso recogido en la denuncia, es una información desactualizada, se puede solicitar al medio que se elimine o reclamar a la agencia de protección de datos. Incluso es posible solicitar una indemnización en el juzgado. "No obstante, normalmente, los medios de comunicación ocultan la identidad de las personas relacionadas con una noticia, y mencionan solo el nombre de pila o las iniciales., explica.

El mismo procedimiento, antes o después de reclamar el borrado de la información original, se puede seguir con Google: primero se solicita a la empresa y si en un plazo de 10 días no es atendido, se presenta una reclamación a través de la agencia o un juzgado. "Con la Agencia de Protección de Datos el procedimiento es barato, e incluso existen unos formularios, pero es muy lenta y puede alargarse hasta un año o mas. El juzgado es más rápido y se pueden pedir medidas cautelares, pero es más costoso", expone Prenafeta. Según la institución, el 40% de reclamaciones son estimadas y el 60% desestimadas.

Pero, ¿hasta qué punto se puede hacer desaparecer nuestro nombre de internet? "Una cosa es que esté en una hemeroteca y otra que sea accesible. Una idea es que no se pudiera buscar en los buscadores, sino solo dentro de ellas". Algo parecido a lo que ocurre con las guías telefónicas en la red: se puede buscar por nombre pero no por número ya que la búsqueda inversa es ilícita en España. El Boletín Oficial del Estado es otro elemento sensible, ya que la información debe aparecer por obligación. "Pero una cosa es la publicidad que deben dar esos boletines, que cumple una función legítima, y otra el tratamiento que de esos datos dan los buscadores, que no tiene la misma cobertura legal máxime cuando pueden aparecer multas antiguas, deudas saldadas…", indica.

Redes sociales

En otras ocasiones, el problema no es que aparezca información que no se desea, sino que directamente podemos encontrar insultos, amenazas… Aquí, la diferencia entre la vida real y la virtual es solo la dificultad de dar con el autor. "Hay una clara protección del usuario", subraya el abogado, "pero muchas veces no sabe qué pasos seguir". Prenafeta recomienda reclamar "al intermediario", sea una página web, un foro o una red social, como Facebook,  porque suele ser más efectivo y rápido.

Aunque no siempre es tan sencillo, como en el caso de Twitter, ya que se rige por las condiciones de uso y el derecho estadounidense, por lo que "puede salir carísimo" iniciar un proceso. Denunciar a la Policía es la clave para, en el caso de que las expresiones vertidas constituyan un delito, se abra una investigación para encontrar a quien las realizó. "Se busca la imagen del perfil, la información que ha recogido en él, si tiene cuentas enlazadas, se observa a qué personas sigue…". Un proceso arduo pero que puede llegar a término, como ocurrió en el caso de los insultos a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

Hay que tener en cuenta que no todas las actuaciones que pueden herir la sensibilidad son punibles. Es el caso, por ejemplo, de los mensajes en los que se desea la muerte de alguien, como los que recibió el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara. "El Código Penal castiga la apología cuando sea una forma de provocación o incitación directa a cometer un delito, por ejemplo decir claramente que hay que matar a alguien". Por tanto, pedir que se lleve al paredón a alguien no es un delito penal, aunque "es un menosprecio, y así sería perseguible civilmente", explica Prenafeta.

Básico, guardar pruebas

Como en el mundo off-line, antes de denunciar hay que tener pruebas. El método tradicional es hacer un acta notarial, en la que el profesional se conecta a la web y da fe de que el contenido que se quiere denunciar está presente en esa fecha. Sin embargo, también hay empresas que realizan servicios similares con un precio más económico, como la aragonesa Coloriuris.

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