El 22 de marzo de 2004, el traductor iraquí Flayeh al Mayali fue detenido por orden del general Fulgencio Coll, máximo responsable de la Brigada Plus Ultra en Base España, interrogado, acusado de ser “colaborador necesario” en el atentado contra siete agentes secretos del Centro Nacional de Información (CNI) asesinados unos meses antes, según consta en una diligencia emitida por la asesoría jurídica del destacamento militar,  y trasladado cinco días después a un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos.

Heraldo de Aragón publicó la primera información sobre este caso el lunes 12 de abril de 2004, tres semanas después de su detención. Seis días después, el 18 de abril, volvió a publicar un reportaje con testimonios de familiares y testigos de la detención de Al Mayali.

Hayder al Ryad, sobrino y conductor del traductor, aseguró que había sido golpeado por sus interrogadores, al parecer vinculados al CNI. “Me extrañaron sus preguntas porque conocían las respuestas. Estaban interesados en conocer el origen del dinero que le había permitido comprarse un terreno y un coche. La respuesta estaba en los contratos firmados por mi tío con el ejército español”, explicó el joven.

Tras pasar once meses encarcelado en los penales de Abu Graib y Um Qasar, Al Mayali fue liberado sin cargos el 17 de febrero de 2005. En una entrevista publicada por Heraldo de Aragón el domingo 20 de febrero, acusó a sus interrogadores de someterle a un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte mientras una capucha cubría su cabeza durante la mayor parte del tiempo.

Tres días después, el ministro de Defensa, José Bono, aseguró que el traductor mentía  e informó que Al Mayali había firmado un documento en el que reconocía el buen trato recibido. La respuesta del ciudadano iraquí fue contundente: “Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer”.

Meses antes, e noviembre de 2004, el CNI ya había asegurado a El País que Al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto”, una mentira burda ya que el traductor había firmado entre el 15 de septiembre de 2003 y el 16 de marzo de 2004, una semana antes de su detención, más de una decena de contratos con el ejército español valorados en casi 300.000 dólares, que le supuso unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación.

El descaro del CNI llegó hasta el punto de acusar a Al Mayali de “jactarse ante varias personas de su intervención en la muerte de los agentes”. Todas las personas consultadas por este informador a lo largo de los últimos nueve años consideran que el CNI se inventó la acusación contra el traductor para imponer el olvido sobre el caso y no aclarar su propia responsabilidad en la elección de agentes secretos conocidos por la Muhabarat, la antigua policía secreta de Sadam Husein, que se había infiltrado en los grupos insurgentes y en los actuales servicios de seguridad iraquíes.

El propio Jorge Dezcallar, que era director del CNI cuando se produjo el atentado, reconoció en privado que “el más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein”. A pesar de la gravedad de los hechos nunca fue sancionado y su carrera fue meteórica en Repsol y en las embajadas de El Vaticano y Estados Unidos.

El evidente desinterés del PP y el PSOE, cuyos gobiernos estaban involucrados en la detención y la larga encarcelación de este ciudadano iraquí, también impidió que se abriese una investigación en el Congreso a pesar del interés de algunos partidos minoritarios.

Por su parte, el CNI prometió a Flayeh al Mayali, a través de intermediarios, buscar una solución a su caso. “Se han comprometido a exonerarme de las acusaciones y a indemnizarme”, explicó confiado Al Mayali en diciembre de 2005 en Bagdad a este periodista.

Este comportamiento abyecto fue confirmado por fuentes cercanas al organismo de seguridad en distintas conversaciones telefónicas y personales. Una fuente fue más explícita: “Quieren cerrarle la boca para siempre”.

Otros ocho iraquíes, pertenecientes al subversivo ejército del Madhi, vinculado al imán radical Muqtada al Sader, fueron detenidos en Diwaniya en abril de 2004 y sometidos a tratos inhumanos y degradantes tal como publicó Heraldo de Aragón en julio de 2006. Entre ellos estaban Nehad Hamid Hamza, Zuhir Gamashi Radi, Hasan Kadhim, Mohamed Jalil, Jalil Ibrahima Shie, Ali Yabir, Kadim Abdulhisin y Burcan Turquí.

Heraldo de Aragón volvió a retomar el caso Al Mayali coincidiendo con el quinto aniversario del asesinato de los agentes secretos del CNI. El 29 de noviembre de 2008 publicó un artículo titulado “Cinco años de silencio”

En el se recordaba que tres gobiernos, cuatro ministros de Defensa, tres jefes del Estado Mayor de la Defensa, dos directores del CNI y un juez de la Audiencia Nacional habían sido incapaces de evitar que el caso, que implica el atentado más grave sufrido por soldados españoles en 20 años de misiones internacionales, hubiese quedado cubierto con un inquietante manto de silencio.

El artículo recordaba que los diferentes ministros de Defensa habían emitido en entrevistas públicas grandilocuentes comentarios sobre la actuación de las tropas españolas en el extranjero. La entonces ministra Carme Chacón había dicho que “en 20 años de misiones internacionales, con 100.000 soldados españoles desplegados en los cuatros continentes, no ha habido un solo caso en que nadie se tenga que avergonzar de la conducta de un soldado español”.

Pero el caso Al Mayali y, quizá, otros ocurridos en Iraq ponían seriamente en entredicho las palabras de la ministra y las de sus antecesores. Siendo Chacón ministra de Defensa, el teniente general Fulgencio Coll fue nombrado jefe del Ejército a pesar de que ya existían serias dudas sobre su comportamiento en Diwaniya.

Cinco años después de la detención de Al Mayali, el 22 de marzo de 2009, Heraldo de Aragón publicó otro largo artículo titulado “Nuestro Guantánamo particular” en el que se explicaba las múltiples gestiones realizadas ante las máximas instituciones del Estado para que aclarar el caso Al Mayali.

Ya en mayo de 2004 el jefe del gabinete del ministro de Defensa, José Bono, recibió la información que se había publicado sobre Al Mayali en este diario. A principios de marzo de 2005, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero recibió un dossier en mano en el aeropuerto de Zaragoza, que leyó durante su regreso a Madrid. En una carta de presentación se le decía que “España podría haber violado diferentes artículos de la Convención de Ginebra (en su protocolo cuarto)”.

Dos días después el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se mostró con prisas y desinteresado en una entrevista realizada en su despacho que apenas duró quince minutos.

El general Félix Sanz, jefe del Estado Mayor de la Defensa, también fue informado del caso Al Mayali en agosto de 2006. En  una carta se le recordaba que “había militares de uniforme entre las personas que interrogaron y maltrataron (nunca he utilizado la palabra tortura a pesar de que los hechos ocurridos en el acuartelamiento es difícil definirlos de otro modo) a Al Mayali en Diwaniya”. Hoy es el director del CNI.

Durante estos nueve años periodistas, políticos, jueces, fiscales, militares ministros, parlamentarios se han mostrado desinteresados por lo ocurrido en los acuartelamientos españoles en Iraq.

Iraquíes como Al Mayali vieron conculcados sus derechos en una base española y fueron acusados sin pruebas. Aunque ya han pasado muchos años, la obligación del actual gobierno español es investigar todo lo que ocurrió y sancionar a los responsables.