El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Abogados Cristianos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que legitimó la colocación de la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza en junio de 2020.

En su auto, hecho público por la referida asociación, la sala de lo contencioso del Supremo admite la existencia de "interés casacional" en la sentencia al contener argumentos contradictorios con otra dictada por el Tribunal Superior de Castilla y León en julio de 2022 que enjuició la colocación de una bandera LGTBI en el patio de la Diputación de Valladolid.

Según argumentó este juzgado, recoge el auto referido, "la bandera arcoriris en un símbolo con la suficiente carga o significación ideológica y que trasciende lo meramente social, penetrando en lo político, por lo que su exhibición vulnera el principio de neutralidad ideológica o política".

El Supremo admite a trámite el recurso pero advierte que declarar el interés casacional de una sentencia con fines de armonizar la jurisprudencia requiere previamente analizar la legitimidad de la asociación recurrente, cuestionada por la letrada del Ayuntamiento de Zaragoza en su escrito de oposición al recurso.

Una revisión, señala el tribunal, a realizar a la luz de la que regula el uso de la bandera española y de otras banderas y enseñas de colectivos sociales.

Sin embargo, en junio de 2022, el TSJA, en su sentencia sobre el uso de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza, estimó la legitimación de la asociación para recurrir ya que "se trata de la ocupación de un espacio público, algo que no puede resultar indiferente a cualquier vecino de la ciudad".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha valorado la decisión del Supremo y ha asegurado que "en este momento es más necesario que nunca que se cumpla la Constitución y el deber de neutralidad de las administraciones públicas.

"Se trata del mismo caso que con las banderas independentistas", ha añadido Castellanos, para quien "no podemos permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía".