El pleno de Calatayud aprueba recurrir la sentencia que anuló una cláusula de los pliegos de la zona azul
El PP argumenta que el auto solo tumba una de las exigencias y no la licitación completa y el PSOE lo considera un error.
El pleno del Ayuntamiento de Calatayud de este jueves ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, la abstención de Ciudadanos-Tú Aragón y el no del PSOE, presentar un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba uno de los requisitos del pliego de cláusulas administrativas para adjudicar el servicio de estacionamiento regulado de vehículos, la llamada zona azul. En su decisión de 2020, estimaba la petición de dejar sin efecto que se pidiera como condición para entrar a participar "experiencia mínima en regulación y control de estacionamiento en vía pública en tres poblaciones y con un mínimo de 1.000 plazas en cada una".
Según el equipo de gobierno, y en palabras del concejal de Movilidad, José Camarzana, con esta alegación se pretende "conservar la adjudicación y la formalización", que se hizo en 2018 por un plazo de 10 años, a 82.000 euros anuales, con la empresa Dornier, a día de hoy concesionaria del servicio. Camarzana recordó que el auto de la Audiencia Nacional llegó tras un recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a instancias de una empresa, Ausa, que no llegó a concurrir al proceso, pero que sí pidió mediante recurso potestativo ante el Consistorio dejar sin efecto ese condicionante.
Aquella petición se desestimó, el servicio se acabó adjudicando a Dornier, dos años después llegó la sentencia de la Audiencia Nacional y en 2022, cinco años después de la adjudicación, la sala de lo Contencioso Administrativo del mismo tribunal emitía un requerimiento en el que solicitaba al Ayuntamiento que convocase "un nuevo procedimiento sin que se justifique el mantenimiento del contrato vigente hasta su resolución" a la vez que puntualizaba que lo hiciese "sin perjuicio de que se mantenga la vigencia y efectos del contrato existente hasta que se produzca la nueva adjudicación".
Para argumentar la decisión del equipo de gobierno popular de recurrir esta interpretación, el alcalde, José Manuel Aranda, recordó que el auto de la Audiencia Nacional "no es definitivo, porque de otra manera, si fuera un decreto definitivo, no se permitiría la casación". "La empresa pidió exclusivamente anular una cláusula y la judicatura, sin impugnar la adjudicación, transmite el dar salida a un nuevo pliego. Nosotros transmitimos nuestra postura de mantener el contrato y tomar conocimiento de esa recomendación para el próximo", detallaba.
Sin embargo, desde el PSOE, su portavoz, Sandra Marín, recordaba que ya en el momento de la licitación advirtieron que esa condición era un "error", algo en lo que insistió su grupo y Ciudadanos. "La cabezonadas cuestan caras y está salió adelante con el voto de calidad (desempate) del alcalde", puntualizaba. En su intervención, la socialista citaba la propia sentencia subrayando que "es indudable que la ejecución conlleva la anulación con efectos desde que se acuerda".
El contrato, que expira en 2028, se adjudicó hace cinco años y todavía está pendiente su resolución judicial definitiva.
